La Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política del régimen de Nicolás Maduro y de quien ha servido como ilegítimo Procurador General, ciudadano Reinaldo Muñoz Pedroza, al no ejercer la defensa de Venezuela en el caso Crystallex Internacional Corporation (CIC) y haberle entregando más de 400 millones de dólares sin el control de la Asamblea Nacional.
Así lo establece el acuerdo aprobado este jueves 28 de mayo durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que declara la responsabilidad política del régimen de Maduro por el caso de la empresa Crystallex International Corporation, presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el diputado por el estado Zulia, Elías Matta.
El acuerdo señala además ratificar la nulidad de la transacción firmada por representantes de Crystallex International Corporation y el régimen de Maduro en septiembre de 2018, y avanzar en la investigación iniciada por la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2018.
Así mismo se establece iniciar una investigación para determinar la legalidad, eficiencia y eficacia del contrato celebrado por el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez con la empresa Crystallex International Corporation, y estudiar las posibles acciones legales que resulten pertinentes.
Se indica en el documento aprobado exhortar al gobierno interino ejercer todas las acciones judiciales que aseguren la protección de las acciones de PDV Holding, Inc. frente a cualquier medida de embargo, tal y como fuera declarado por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) el pasado 9 de diciembre de 2019, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de renegociar cualquier reclamación legítima que pudiera desprenderse del laudo de 2016, que fue confirmado por las Cortes de Estados Unidos debido a las omisiones del régimen de Nicolás Maduro.
Así como informar al Gobierno de Canadá, país en el cual está domiciliada CIC y se adelante el juicio de bancarrota de esa empresa, del presente Acuerdo y los hechos en que se sustenta, a los fines de que se puedan iniciar las investigaciones correspondientes.
El diputado Elías Matta explicó durante su intervención, al presentar el proyecto de acuerdo, los antecedentes de cómo se gestó esta ilegal negociación entre el régimen con la empresa CIC, que se inició en el año 2002 con un decreto que emitió en ese entonces el difunto presidente Hugo Chávez, donde se reservan ciertas áreas y yacimientos para que sea el Estado venezolano quien los explote, y autoriza al Ministerio de Minas y a la CVG para que proceda a la explotación de los yacimientos.
“La CVG a quien se le entregan los yacimientos de Las Cristinas, contrata sin ningún tipo de licitación y autorización la empresa Crystallex International Corporation. El contrato era por dos años extrañamente y allí comienza la negligencia, nunca se revisó. La empresa Crystallex hizo muy poco, algunas áreas de exploración, pero pasaron 9 años y es cuando la CVG decide dar por finalizado el contrato, porque no habían iniciado la explotación minera”.
Relató que la empresa CIC se sintió afectada y se dirige al centro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) en el 2011, presenta sus alegatos, la defensa del régimen no fue suficientemente eficiente y en el año 2016 CIADI decide a favor de la empresa Crystallex y resuelva que la misma sea indemnizada por un mil 200 millón de dólares.
“La empresa CIC se va a los tribunales de la corte de Washington, tampoco se hicieron las resultas necesarias, la corte ratifica el laudo del CIADI. Pero como no le pagan, arremete contra un bien de la República, PDV Holding Inc, que es propietario de Citgo, y lleva el caso a un juez de la Corte Delaware, que le permita ejecutar las acciones”.
Explicó que, en el 2018, cuando aún no estaba el gobierno interino de Juan Guaidó, Crystallex logra una decisión favorable en la Corte Delaware. “Es decir toda la responsabilidad es la negligencia y la inoperancia del régimen de Maduro. Extrañamente cuando sale esa decisión del año 2018, el régimen decide negociar con la empresa Crystallex y acuerdan un pago supuestamente por 400 millones de dólares”.
Recordó, que la actual Asamblea Nacional el 10 de diciembre del 2018, aprueba un acuerdo en rechazo a esa negociación, es decir antes del gobierno interino el parlamento ya había advertido al régimen de Maduro que ese trato era ilegal.
Cuando se instala el gobierno interino se crea un acuerdo entre Citgo, la Junta Ad Hoc de PDVSA, un grupo de abogados y la embajada de Venezuela en los Estado Unidos y logran que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC proteja a Citgo.
“Por eso hemos traído este acuerdo para que se declare la responsabilidad política de Nicolás Maduro y de quien está usurpando el cargo de Procurador de la República, Reinaldo Pedroza. Solicitamos que los organismos involucrados abran una investigación a fondo y que la Asamblea Nacional profundice en las decisiones tomadas en diciembre de 2018, porque aquí hay un daño al patrimonio de la Republica”.
Aclaró finalmente que Citgo está amenazada y en peligro de perderse por la irresponsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, pero defendida por el gobierno interino que preside Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.
Nota de prensa