La agudización de la crisis política venezolana, con sus graves secuelas humanitarias, presionó a más de cuatro millones de venezolanos a buscar nuevos horizontes y una mejor calidad de vida en otros países de América Latina.
Por Carlos Guerra / correodelcaroni.com
Si bien la pandemia de la COVID-19 afecta a la población mundial, hay sectores, particularmente, más vulnerables que otros, como es el caso de los migrantes forzados venezolanos.
Ahora estos venezolanos, que huían del deslave económico de su país, enfrentan las secuelas del coronavirus en los países, dejándolos en una situación mucho más desfavorable de la que ya estaban.
Los Estados que han acogido a esta población tienen que velar por la protección de sus derechos humanos y brindarles facilidades de vida ante el complejo cuadro que deben enfrentar.
Así lo considera Ligia Bolívar, activista de derechos humanos, fundadora de la organización Provea y jefa del área de migración y refugio del Centro de Derechos Humanos del Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “Preocupa que los Estados siguen viendo a los venezolanos como migrantes. Son personas que salen porque tienen una necesidad no porque quieren. Mientras se les siga considerando como migrantes habrán problemas con sus derechos en los países receptores”, explica la defensora.
Los migrantes venezolanos son obligados a cumplir con una serie de exigencias dentro de los países receptores, principalmente, documentos para su estadía. “En nuestro caso no existe un Estado que responda en materia de documentos, por lo tanto, con esta situación no se pueden exigir documentos”, señala Bolívar.
“Los venezolanos están huyendo y la principal necesidad es que deben ser reconocidos como refugiados y no como migrantes”, añadió.
La pandemia del coronavirus desvió toda la atención de los Estados hacia los sistemas de atención médica y, por esta razón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtieron de desafíos que enfrentan las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.
Según estas organizaciones, muchos dependen de ingresos insuficientes para costear sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica y en los casos más extremos, no tienen un techo para resguardarse. Además, los venezolanos corren el riesgo de ser estigmatizados o ser víctimas de la xenofobia.
La Acnur y la OIM aplauden los esfuerzos que realizan los países que acogen a los venezolanos, pero mientras las capacidades nacionales se están en un punto crítico, el bienestar y seguridad de los venezolanos está cada vez más en riesgo.
“Millones de refugiados y migrantes, y las comunidades que los acogen, continúan necesitando apoyo urgente, particularmente a medida que el impacto económico de la pandemia del coronavirus comienza a percibirse en América Latina y el Caribe”, declaró Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
“La COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar su apoyo a los programas humanitarios, de protección e integración, de los que dependen la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida”, manifestó Stein.
Bolívar manifiesta que más de la mitad de la población de refugiados y migrantes está en una situación irregular. “Perdieron su fuente de ingreso, lo que les dificulta conseguir alimentos y viviendas. No hubo una respuesta oportuna para prohibir desalojos y muchos fueron sacados de sus hogares”, explicó.
“Si bien los países están tratando su situación particular, su gente tiene la certeza de que no los van a botar de su país. Eso no está de todo claro en los venezolanos”, continuó la activista de derechos humanos”.
Asimismo, Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB explica que las precarias condiciones de vida de los migrantes y refugiados dejan a esta población en extrema vulnerabilidad.
“No pueden trabajar y en consecuencia no pueden devengar los honorarios o algún salario para afrontar los costos diarios de la vida. Muchos han tenido que dormir en las calles, otros han emprendido su regreso. Desde el inicio de la cuarentena hemos observado como grupos de venezolanos quedaron varados en algunas fronteras o incluso como han tenido que dormir en las puertas de embajadas o consulados”.
Solidaridad europea para para amortiguar el golpe
El 26 de mayo se celebró la primera Conferencia Internacional de Migrantes con el objetivo principal de reunir fondos y destinarlos a la atención de estas personas que han sido forzadas a desplazarse fuera de Venezuela y apoyar a los países receptores.
En esta iniciativa de la Unión Europea también participó Estados Unidos, Canadá, Japón y Suiza, en dónde se logró el compromiso de recabar 2.700 millones de dólares. No obstante, el compromiso va más allá de los recursos monetarios. “La conferencia no terminó del todo clara”, señala Ligia Bolívar. “Los Estados se refirieron a migrantes. La visión sigue siendo muy cerrada”.
En referencia a la recepción y administración de los fondos, Bolívar detalla que depende de muchas variables. Hubo países que especificaron su contribución, es decir, indicaron que irá destinada a un hecho en particular.
“Los recursos se canalizan a través de un grupo de más de 115 ONG que están dando la cara. Lo que no se quiere es que el dinero se quede en la burocracia. Hay que equilibrar entre las situaciones de acción inmediata y en decisiones de mediano y largo plazo tomando en cuenta que los países estarán deprimidos como resultado de la pandemia”, estableció Bolívar.
28 organizaciones de la sociedad civil emitieron una comunicación dirigida a los representantes diplomáticos que participaron en la conferencia con la intención de explicar el complejo panorama de los refugiados y solicitar que los recursos sean destinados a las organizaciones que trabajan directamente con ellos.
“La expectativa principal es ubicar fondos para garantizar la protección de la mayor cantidad de población migrante forzada venezolana”, indica Trujillo. “Pero que esos recursos, y esa es una de las razones por las que se envió la carta, no sean solamente distribuidos a los Estados de acogida sino que las organizaciones que se encuentran dando protección local sean quienes puedan ser recipiendarios de este tipo de ayudas recabadas a través de la conferencia”, añade.
También, según Trujillo, uno de los objetivos de este comunicado era darle coherencia a las solicitudes de ayuda que ha realizado la sociedad civil. “Había que darle coherencia a las peticiones y mostrar unidad frente a los Estados que participaron en la conferencia”, manifestó.
Por otra parte, Bolívar espera que los recursos sean distribuidos de manera rápida y efectiva: “hay omisión de búsqueda de mejores mecanismos de protección a personas que están en mucha vulnerabilidad. Se requiere una respuesta más amplia. Ojala que los recursos bajen rápido y bajen a las organizaciones que hacen atención directa”.
Estigmatización de los venezolanos que regresan
En vista de las circunstancias y que muchos se encontraron con las fronteras cerradas como resultado de las medidas que tomaron los países latinoamericanos para prevenir la propagación del virus, los venezolanos se han visto obligados a regresar al país.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales los han culpado del alza en el número de casos en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras dadas por el Ejecutivo Nacional, el 80% de los casos de COVID-19 en Venezuela son importados, es decir, de ciudadanos que provienen de otro país. Los principales focos se encuentran en los pasos fronterizos con Brasil y con Colombia, pero también han informado casos provenientes de Ecuador y Perú.
“Están culpando a los retornados del problema que hay en el país. Encontraron la excusa para evadir su responsabilidad, argumenta Bolívar en referencia al trato que están recibiendo los ciudadanos que vuelven a Venezuela.
“Hay ausencia de protocolos, carencia de pruebas. ¿Cómo estas personas están contagiando a tanta gente si los tienen encerrados? No tienen justificación”, sentenció. Además, Bolívar rechazó contundentemente las discriminaciones y etiquetas colocadas a las personas que están regresando al país y dan positivo para coronavirus. “Les están violando los derechos a los retornados. Es una falta a su dignidad”, comentó.
Lisandro Cabello, secretario de seguridad ciudadana del Zulia, catalogó a los migrantes que regresaron al país como “armas biológicas”, y asumiendo que son utilizados por el gobierno colombiano para infectar a Venezuela. De igual forma, la vicepresidenta del gobierno de facto, Delcy Rodríguez, ha insistido en varias oportunidades que los retornados representan el mayor peligro de contagio en el país.
El gobierno liderado por Nicolás Maduro culpa a los retornados de la inevitable escalada de la epidemia en el territorio nacional y agregándolos a una lista que denominan “casos importados”.
“Hay una imposibilidad para que las personas puedan estar con comodidad en centros de atención sanitaria, y por eso se han utilizado colegios para que las personas puedan pernoctar en esos lugares”, explica Trujillo para subrayar el incumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por la Organización Mundial de la Salud.
“Hemos podido observar que estas personas no reciben alimentación adecuada y eso es algo complicado. Porque se tiene a unas personas en estado de vulnerabilidad que han entrado al país y muchas en contra de su voluntad tienen que ser sometidas a la cuarentena obligatoria para despistar los síntomas, pero si esa cuarentena se termina dando en lugares inadecuados, pues es posible que se terminen dando contagios en esos lugares”, añadió.
Trujillo también rechazó la manera en que están actuando las autoridades al recibir a los migrantes. “Los tratan como si ellos fueran los culpables de que haya COVID-19 en el mundo. Es una actitud totalmente errada”, concluyó.
Vulnerabilidad de los pueblos indígenas
Las repercusiones de la pandemia del COVID-19 también han golpeado fuertemente a las comunidades indígenas del Amazonia. Hasta la fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contabilizado 20 mil casos de coronavirus en indígenas del Amazonas, principalmente de Brasil, Venezuela y Colombia. Además, indicaron que estos grupos viven en aldeas aisladas con acceso mínimo a los servicios sanitarios.
Por su parte, la Acnur señaló que las comunidades indígenas están “peligrosamente expuestas” a la pandemia, haciendo énfasis en la situación de los migrantes venezolanos.
“A medida que la pandemia del coronavirus sigue avanzando por América Latina, (…) muchas comunidades indígenas desplazadas están ahora peligrosamente expuestas”, establecieron en un comunicado.
Según la agencia de la ONU, en Brasil actualmente hay aproximadamente 5 mil indígenas venezolanos de las etnias warao, pemón, eñapa, kariña, pemón y yekwana.
“El principal problema que afrontan los indígenas al salir de Venezuela es abandonar su territorio. Ese es su mayor patrimonio”, señala Bolívar. “Cuando salen no son protegidos por la legislación indígena porque no son de allí. Los colocan en refugios que son urbanos y completamente desconocidos para ellos”, agregó.
Además, la fundadora de Provea explica que los niveles de información de las comunidades indígenas son mínimos y que un alto porcentaje no tiene acceso a las medidas de protección sanitarias.
Distintas organizaciones ya han advertido a la comunidad internacional sobre la situación que atraviesan las comunidades indígenas en el marco de la epidemia y solicitan articular una acción urgente para evitar una tragedia humanitaria y ambiental.
El Arco Minero del Orinoco figura como uno de los principales factores del desplazamiento de las comunidades originarias. Desde su creación en 2016, en los 111.843 kilómetros que abarca para la explotación de minerales impera la violencia impuesta por grupos irregulares amparados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Debido al importante ingreso económico que representa para el gobierno de Nicolás Maduro, la zona sigue trabajando a todo dar sin las tecnologías adecuadas para la minería, lo que deriva en un impacto fatal para la biodiversidad y para las comunidades originarias que habitan en la zona.