Autoridades alemanas abordan posibles errores sobre sospechoso en caso Madeleine McCann

Autoridades alemanas abordan posibles errores sobre sospechoso en caso Madeleine McCann

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Las autoridades alemanas abordan posibles errores en los procesos judiciales en torno a Christian B., el alemán de 43 años, actualmente preso y con antecedentes por violencia sexual, principal sospechoso del “caso Maddie”, la niña británica Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007.

Christian B., quien cumple condena en Kiel (norte del país) por un delito de drogas y tiene pendiente otra pena por violación y robo a una estadounidense de 72 años cometidos en Portugal en 2005, salió varias semanas en libertad en 2018 por circunstancias no aclaradas.

La cámara regional de Schleswig-Holstein -donde se encuentra Kiel- ha instado hoy a la Fiscalía a explicar por qué se autorizó esa salida.

El sospechoso, al que la Fiscalía alemana investiga por el presunto secuestro y asesinato de Maddie, tiene un abultado historial, tanto por delitos de tráfico de drogas o robos como por agresiones sexuales a menores, violación y lesiones físicas, así como pornografía infantil.

La apertura de sumario contra él por el caso de Madeleine dio un vuelco a un suceso que durante años ocupó a la policía portuguesa y británica, mientras los padres de la pequeña recurrían a todas las instancias posibles convencidos de que su hija seguía viva.

Desde que saltaron a la luz las sospechas en torno a Christian B. han surgido, tanto en medios alemanes como británicos y portugueses, testigos que parecen reforzar las sospechas sobre este individuo.

En Alemania se sospecha, además, que podría estar relacionado con otros menores desaparecidos en circunstancias no aclaradas en el país o en la vecina Holanda.

La justicia de Schleswig Holstein ha explicado hasta ahora que el caso es, de por sí, complejo. El sospechoso ha vivido en Alemania, Portugal e Italia y en cada uno de esos países habría cometido sucesivos delitos y estuvo procesado.

Entre los testimonios aparecidos ahora destacan los de personas de su entorno directo, según los cuales Christian B. fantaseaba con la idea de secuestrar a niños para “utilizarlos durante unos días”, como relataba el semanario “Der Spiegel”.

Hasta ahora, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el sospechoso vivió entre 1995 y 2007 en el Algarve portugués, cerca de la localidad de Praia de Luz donde los McCann pasaban sus vacaciones cuando desapareció la pequeña, mientras sus padres cenaban cerca del apartamento que tenían alquilado.

Su presencia en las inmediaciones del lugar ha quedado demostrada por una comunicación desde su teléfono móvil esa noche.

TRAMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXTREMA SOBRE MENORES

El vuelco en el caso Maddie ha coincidido en Alemania con un momento de alarma social por sucesivas tramas de violencia sexual extrema sobre menores y pornografía infantil desmanteladas estos días, tras años de impunidad.

El pasado fin de semana fueron detenidas once personas, en relación con abusos sexuales cometidos contra tres menores de entre tres y doce años. Los propios investigadores se mostraron consternados por las escenas de “brutalidad extrema” que grabó en vídeo el principal sospechoso, un informático de 27 años.

Una de las víctimas, un niño de diez años, es hijo de la pareja de este sospechoso, mientras que los otros dos son asimismo familiares de otros detenidos.

Se trata de agresiones sexuales prolongadas durante años, en sesiones de varias horas y cometidas por adultos en el cobertizo de un jardín-huerto de la madre del informático.

Esta trama se suma a la revelada el año pasado, en el mismo “Land” de Renania del Norte, por violencia sexual continuada contra unos treinta menores, por las que se detuvo a varios de los agresores. También ahí, las agresiones fueron reiteradas, durante años y ocurrían en una barraca de un camping.

REACCIÓN EN LA COALICIÓN DE MERKEL

La presidencia de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, aprobó esta semana una resolución a favor del endurecimiento de las penas por violencia sexual.

La ministra de la Familia, la socialdemócrata Franziska Giffey, se ha comprometido a reforzar los mecanismos contra esos delitos, en coordinación con su correligionaria y colega de Justicia, Christine Lambrecht. EFE

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