El gobierno argentino concretó este jueves la intervención de Vicentín, la cuarta agroexportadora del país, al borde de la quiebra, tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández, dispuesto a escuchar “una alternativa superadora” a su proyecto de expropiación para rescatar la empresa.
La intervención se hizo efectiva pasado el mediodía con el ingreso a la planta localizada en la provincia de Santa Fe (centro-este) del subinterventor designado por el gobierno Luciano Zarich.
Horas después, Fernández recibió en la residencia oficial de Olivos al director y principal accionista de Vicentín, Sergio Nardelli, con la presencia del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
“El presidente ha sido muy claro: su objetivo es el rescate de la empresa. Estamos en una instancia en la que hay una intervención, en un proceso en el que la herramienta establecida es la expropiación, pero el diálogo ha surgido y si aparecen alternativas superadoras el presidente está dispuesto a escuchar”, declaró Perotti al término del encuentro que se prolongó unas dos horas.
Perotti dijo que con la intención de “empezar a analizar alternativas” los directivos de la empresa se reunirán este viernes con los interventores y con YPF Agro, la sección agrícola de la empresa petrolífera estatal, que administrará la empresa si es expropiada.
“Toda alternativa que permita que Argentina siga siendo un jugador clave con jugadores nacionales es lo que realmente importa e interesa”, subrayó el gobernador y estimó probable que las cooperativas de productores agrícolas puedan ser parte de la salida negociada para la firma, que cuenta con 4.000 puestos de trabajo, dijo.
Vicentín nació como empresa familiar de la provincia de Santa Fe y se expandió a la exportación. En su apogeo comenzó a producir biodiesel y etanol, entre otras actividades industriales.
– Deudas y créditos –
El lunes, el gobierno de Fernández había anunciado la intervención y su intención de expropiar la firma mediante un proyecto de ley.
Endeudada en unos 1.300 millones de dólares, la exportadora de aceite y granos tiene 2.638 acreedores, entre ellos una mayoría de cooperativas y productores agropecuarios.
La compañía se declaró en cesación de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre.
Además adeuda el equivalente a unos 255 millones de dólares al estatal Banco Nación, 25 millones de dólares al Banco Provincia, entre otros acreedores de la banca pública.
La Justicia penal investiga si hubo irregularidades en la autorización a la cerealera para que acumulara deuda por 255 millones de dólares, contra la normativa del Banco Nación. En la causa están imputados Nardelli y Javier González Fraga, titular de ese banco durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
El anuncio de expropiación fue rechazado por otros agroexportadores y productores, en tanto, hubo protestas en Avellaneda, la localidad santafesina donde se ubica la planta, y cacerolazos en barrios acomodados de Buenos Aires.
Juntos por el Cambio, la coalición opositora liderada por Macri, presentó una denuncia judicial contra la expropiación, en la que acusó al jefe de Estado de supuesto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El presidente Fernández había contado una comunicación telefónica que mantuvo el martes con Nardelli.
“Le expliqué con mucha claridad que la medida no tiene ninguna vocación de perseguir a nadie, al contrario, tiene la vocación de que una empresa de esa talla, que es una empresa argentina, siga siendo argentina y que sea rescatada de la situación en la que está”, dijo.
AFP