Dirigentes sindicales de las empresas básicas protestaron este miércoles frente al edificio administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para reclamar la vigencia del contrato colectivo como principal pacto legal de las relaciones laborales; del mismo modo solicitaron salarios en dólares, la reactivación de las compañías, y demás derechos laborales que dejaron de garantizarse.
Por José Rivas / correodelcaroni.com
En el reclamo participaron tanto dirigentes sindicales de oposición como seguidores del gobierno. Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), Ferrominera Orinoco, CVG, Industria Venezolana de Aluminio C.A. (Venalum), Aluminios del Caroní, S.A. (Alcasa), junto a los voceros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, plantean unificar fuerzas para hacer contrapeso a las políticas que han vulnerado lo establecido en los contratos colectivos.
“Hoy decidimos salir porque el tema de la COVID-19 también lo está tomando el patrón Estado para seguir atacando a los trabajadores, incluso deteriorando su salario”, denunció César Soto, delegado sindical de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss).
Soto exigió la dolarización del salario de los trabajadores, dado que, en los abastos, colegios, y hasta estaciones de servicio manejadas por el Estado cobran en dólares cuando ellos como empleados cobran un salario en bolívares que no alcanza para comer más de un día.
Fernando Serrano, secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato de Trabajadores del Aluminio (Sutralum), considera injusto que un país tan rico en recursos minerales, los pensionados cobren 400 mil bolívares que no alcanzan a comprar un desayuno, mientras por semana se deba gastar hasta 10 y 20 dólares para surtir combustible.
Exigió al Gobierno nacional que se garantice un salario digno a los trabajadores, de al menos 500 dólares que permita a las personas acceder a los alimentos. “El COVID-19 se va a quedar corto de la cantidad de venezolanos que van a caer muertos por el hambre”, aseguró.
Serrano hizo hincapié en las empresas de Guayana que, luego de ser ejemplo de desarrollo y calidad de exportación, hoy se mantienen improductivas.
Solicitó al gobierno que, de no ser capaces en recuperar las estatales de la región, le dieran la oportunidad al movimiento obrero para poner productiva cada una de las plantas. “El trabajador tiene que volver a sus fábricas, tiene que salir a producir, el trabajador tiene que ponerlas rentables” manifestó.
Sin seguro médico
Soto calcula que dentro de las oficinas de la CVG hay documentos con más de mil obreros solicitando atención médica por medio del seguro HCM solo de Sidor. Denunció que desde la corporación no habilitan los recursos para que estos empleados ni sus familiares sean atendidos. “Se nos están muriendo nuestros trabajadores”, alertó.
El delegado de Sutiss resaltó el caso específico de un trabajador quien solicitó la activación del seguro HCM para su madre y la respuesta de autoridades de la CVG fue “que esa señora tenía mucha edad y que gastar ese dinero no se justificaba porque esa señora ya estaba en sus últimos años de vida”.
El dirigente sindical piensa que hay una “maniobra de corrupción” en todo el tema económico porque trabajadores de base no son atendido en emergencia de salud, pero directivos de la empresa o amigos cercanos a los mismos son financiados con este dinero para operaciones estéticas. “Han agarrado el dinero para satisfacer sus necesidades individuales”.
Temen despidos
Delegados departamentales de Sutiss protestaron el 1 de junio en el Edificio Administrativo II de Sidor reclamando por el impago de alrededor de 500 trabajadores que no asistían a la planta. Dirigentes temían que fueran despedidos de la estatal.
Una fuente cercana a la siderúrgica aclaró que los empleados sin pagos no serían despedidos, sino que se esperaban la asistencia de trabajadores para ver quiénes seguían disponibles para la empresa.
También indicó que la medida en la que se inhabilita la ficha de los trabajadores, más que una decisión laboral, es una medida tomada en el marco del decreto de estado alarma por la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, dirigentes sindicales siguen denunciando la medida que consideran arbitraria y no permite la defensa de los derechos laborales.
Soto reclamó que con la cuarentena empleados de todas las empresas fueron mandados a sus casas siendo un acto discriminatorio porque quedaron con sueldos más bajos que los que tienen acceso a planta y algunos trabajadores fueron “botados” de las estatales.
“Nosotros los trabajadores no tenemos la culpa del fracaso que ha tenido la administración del Estado con los trabajadores y con la producción de las empresas básicas”, declaró.
De acuerdo con Miguel Ekar, abogado y secretario de Cultura y Propaganda de Sintralcasa, en Alcasa se tomó la misma medida. Calculó que aproximadamente 400 trabajadores tienen acceso a la planta porque fueron autorizados por Movimiento 21, grupo sindical adepto al gobierno.
Aseguró que un total de 15 trabajadores tienen calificación de despedidos por parte de la estatal al no cumplir con la asistencia desde la cuarentena. “Los trabajadores no son culpables de no ir a la planta”. Recalcó que no hay garantías de transporte desde la empresa.
El abogado subrayó que la Inspectoría del Trabajo, el Registro Civil, y la Notaría Pública están cerrados, mientras que los tribunales sólo atienden casos de audiencias de presentación y temas de salud. “¿Cómo es que ellos sin cumplir los procedimientos legales que establece la Ley Orgánica del Trabajo están calificando a los trabajadores?”, preguntó.
De acuerdo con Ekar ninguna empresa da explicaciones sobre las calificaciones de despido de los trabajadores, las cuales consideró tiene como intenciones reducir el personal de las compañías. “El trabajador no es responsable de la quiebra de las empresas”.
Uniendo fuerzas
En 2018 las tablas salariales sufrieron una desmejora rotunda luego que la Federación Bolivariana de Trabajadores y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) firmaran con el Gobierno nacional un acuerdo a espaldas de los secretarios generales de sindicatos de las empresas básicas.
Año y medio más tarde, las industrias que conforman la Corporación Venezolana de Guayana se mantienen con menos de 10% de producción. Trabajadores están sin transporte, comedores, ni seguro que garantice su salud y con salarios que no sobrepasan los 50 dólares ni garantizan las tres comidas.
Los dirigentes sindicales, a pesar que han sido perseguidos, privados de libertad, despojados de sus sedes y sin acceso a planta, alientan a los trabajadores a que acompañen durante esta unión. “Ellos (trabajadores) también tiene que salir junto a sus líderes sindicales a defender sus derechos, los derechos de su familia, de sus hijos”, sentenció Ekar.
Soto, por su parte, entiende que hay empleados que se sienten traicionados por “dirigentes sindicales macabros” que aprovecharon su posición para beneficios personales, pero pidió no perder la esperanza y unirse a las próximas convocatorias que realicen por la dignificación laboral y la recuperación de las empresas básicas.