Las sanciones económicas de EEUU contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) han tensado la relación entre Washington y La Haya, donde consideran esas medidas como “un ataque a todo el sistema del derecho internacional”, dijo en una entrevista con Efe la portavoz de la institución Sonia Robla.
El desencadenante de las sanciones tiene como origen el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán. El pasado marzo, los jueces autorizaron la investigación solicitada por la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército norteamericano, grupos talibanes y autoridades afganas.
“El anuncio de las sanciones se ha producido con la clara intención de interferir o de afectar el trabajo independiente que la corte hace cuando realiza investigaciones”, lamentó Robla.
Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la CPI y ha pasado de criticarla de forma general a ejercer medidas específicas.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump este jueves autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios de La Haya que estén bajo control estadounidense y abre la puerta a prohibirles el acceso al país, tanto a ellos como a sus familiares.
Robla insiste en que las sanciones son “medidas coercitivas” y un “ataque inaceptable al trabajo de una organización que es internacional, judicial e independiente”.
El anuncio de Washington golpea también “a las víctimas de los crímenes de graves atrocidades que la corte investiga y para quienes esta institución es la única esperanza”.
Las reacciones de respaldo al tribunal no se hicieron esperar. Una buena parte de los países de la Unión Europea, con Francia y Alemania a la cabeza, emitieron comunicados a su favor y expresaron preocupación por el movimiento de la Casa Blanca.
“La CPI está extremadamente satisfecha de las reacciones que se han recibido”, dijo Robla, para quien “el apoyo de la mayoría de los 123 Estados” que han ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, “ha sido enorme”.
La relación entre Washington y La Haya no tiene visos de mejora. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo en rueda de prensa que las sanciones eran un “importante primer paso para que la CPI rinda cuentas por excederse en su mandato y violar la soberanía de Estados Unidos”.
Añadió su preocupación de que “poderes extranjeros como Rusia estén manipulando a la CPI y siguiendo su propia agenda”. La mención de Moscú contrasta con la investigación que los jueces de La Haya autorizaron en 2016 por la guerra de Osetia del Sur, donde según la Fiscalía hay pruebas de que tropas rusas cometieron graves crímenes.
La respuesta más tangible de la corte empezará a perfilarse la semana que viene, cuando la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, celebre una reunión. Será este órgano quien tome “las decisiones sobre los posibles pasos a seguir”, indicó Robla.
Mientras tanto, La Haya “va a continuar realizando su trabajo dentro del marco legal -el Estatuto de Roma- que le han concedido los Estados”, dijo la portavoz. “Todas nuestras investigaciones, sean las que sean, se producen siempre en ese marco y en total independencia”.
El Estatuto de Roma permite analizar el papel de las tropas de Estados Unidos porque el país donde se cometieron los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, Afganistán, sí acepta la jurisdicción de la CPI y la Fiscalía de La Haya considera que sus autoridades no han hecho lo suficiente por esclarecerlos.
Sin embargo, las pesquisas se encuentran actualmente en un impás. El Gobierno afgano pidió en marzo tres meses para proporcionar información extra sobre los supuestos avances hechos en sus investigaciones nacionales.
La fecha límite para entregar esa documentación expiró este viernes, por lo que la Fiscalía de La Haya informará próximamente a los magistrados de sus próximos pasos. EFE