Aunque no aparece como tal en documentos judiciales, el empresario barranquillero Álex Nain Saab Morán es claramente identificado por funcionarios estadounidenses como testaferro del régimen Nicolás Maduro. De ahí la importancia de su captura: es pieza clave para conocer la verdad sobre el entramado de corrupción dentro del régimen venezolano.
Por semana.com
Una orden de Estados Unidos llevó a las autoridades de la isla africana de Cabo Verde a efectuar la detención este viernes cuando el avión privado de Saab -al parecer de matrícula venezolana- hacía una escala de reabastecimiento de combustible en su ruta hacia Irán. El hecho fue confirmado por la abogada estadounidense de Saab, María Domínguez.
Saab apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro. Fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado de lavado de dinero relacionado con un supuesto esquema de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se materializaron.
Capturado Álex Saab en isla africana
Por separado, había sido sancionado por el gobierno del presidente Donald Trump por supuestamente utilizar una red de compañías fantasma en todo el mundo (Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong) para ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados.
Ya, en 2017, la fiscal venezolana Luisa Ortega había hablado de los fuertes nexos de Saab con el régimen de Maduro. Según ella, Maduro estaba detrás de la empresa Group Grand Limited, compañía de Saab que figuraba en ese momento como proveedora de productos alimenticios al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este comité es el encargado de comprar y repartir las ayudas alimentarias que el gobierno bolivariano le da a la población venezolana.
¿Quién es el colombiano prófugo y socio de Nicolás Maduro?
El jueves pasado, la Fiscalía de México confiscó un inmenso cargamento de víveres valorado en 61 millones de dólares. La mercancía estaba distribuida en 1.300 contenedores marítimos y en total había 1.800.000 cajas de mercados (llamadas Clap), cada una con raciones de leche en polvo, azúcar, pasta, harina, fríjol, aceite y atún enlatado.
El operativo se produjo gracias a que organismos de inteligencia de varios países desde hace meses trabajaban por develar un entramado internacional por el que fluyen cientos de millones de dólares.
Las autoridades aztecas, al revelar la noticia del cargamento, explicaron en términos sencillos la telaraña de corrupción que vincula a Colombia, Venezuela y México: “De acuerdo con la investigación, un grupo de personas y empresas obtienen recursos públicos venezolanos, los desvían de sus fines humanitarios y a cambio adquieren alimentos con los que especulan aprovechándose del desabastecimiento y la carestía que aqueja a Venezuela”, dijo Alonso Israel Lira, vicefiscal de México. El funcionario, además, explicó que la trama funcionaba en tres pasos: 1) comprar toneladas de alimentos de baja calidad, 2) exportarlos a Venezuela con sobreprecio y 3) revenderlos al Estado venezolano (e indirectamente a la población) por medio de los Clap, por un precio 112 por ciento mayor al costo real.
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