“La tortura persiste en Venezuela y tan solo en 2019 los casos incrementaron en más del 526%”, así lo advirtió el comisionado presidencial para los Derechos Humanos (DDHH) del gobierno interino de Venezuela, Humberto Prado, al tiempo que el Embajador de Venezuela ante los Estados, Carlos Vecchio, enfatizó que “Nicolás Maduro y sus torturadores deben responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los venezolanos”.
Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado resaltó cómo en el país suramericano este acto inhumano y degradante sigue siendo una práctica común por parte del régimen madurista.
“Desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG PROVEA que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior. Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares”, afirmó Prado.
El Embajador Vecchio recordó que “el Capitán de Corveta Rafael Acosta Arévalo, los concejales Fernando Albán y Carlos García, y Rodolfo González “El Aviador”, son solo algunas de las víctimas fatales de dictadura de Nicolás Maduro y su práctica de la tortura como política de Terrorismo de Estado para sostenerse en el poder”.
Prado detalló que para 2020, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según CaslaInstitute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.
Añadió que “en algunos casos los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos destinados para tal fin. Un estudio que entrevistó a víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela determinó que el 100% de los casos de tortura habían ocurrido en centros de detención o zonas militares”.
Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables. “En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.
El comisionado recordó que, además, “toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”.
A juicio del comisionado presidencial para los Derechos Humanos, “el régimen de Maduro tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura. Entre ellos, destaca la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad”.
Vecchio destacó que el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha confirmado persistentemente las terribles violaciones de DDHH en Venezuela, por lo que Maduro debe responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo venezolano.
Así lo reseñó el Centro de Comunicación Nacional