La pandemia del coronavirus ha representado para Colombia no solo una batalla por evitar contagios y muertes sino para controlar las actividades delincuenciales de los distintos grupos armados ilegales que operan en el país y que han aprovechado la crisis para fortalecerse.
Por Jorge Cantillo / infobae.com
Uno de los efectos del confinamiento sobre la actividad de estos grupos armados es el aumento dramático en las cifras de reclutamiento de menores, el cual ha crecido un durante lo corrido de 2020 en un 52% comparado con el total de casos de reclutamientos registrados en 2019 (67) por Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).
El escenario es grave y la disparada de los eventos de reclutamiento se ha dado de manera clara durante los meses de cuarentena nacional, totalizando 128 casos durante los cinco primeros meses del año, 30 de estos ocurridos solamente en el mes de abril, cuando Colombia estaba casi que un confinamiento generalizado.
Si bien el reclutamiento de menores es un problema de larga data en el marco del conflicto armado colombiano al ser una práctica recurrente de las organizaciones armadas que históricamente han proliferado en el país -las cifras de 2019 ya representaban un aumento del 35% con respecto del año anterior- el problema parece acrecentarse debido al vacío que en muchos territorios están ocupando los grupos armados ante la pasividad del Gobierno que ocupa su atención en atender la pandemia.
Frente a esta situación la Procuraduría General de la Nación elevó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara a profundidad los casos por reclutamiento forzado que estaban ocurriendo en el país. Afirma el Ministerio Público, en cabeza del procurador Fernando Carrillo, que por lo menos ocho grupos armados ilegales están usando a menores de edad no solo como soldados para engordar sus filas, sino con fines de explotación sexual.
Afirma la Procuraduría que desde que se desató la pandemia han ocurrido más de 12 hechos en los que estos grupos armados han usado niños, niñas y adolescentes para cometer homicidios y otros actos de terrorismo. El accionar de estos grupos armados también ha victimizado a miles de menores en el país, los cuales han sido torturados y desplazados junto con sus familias.
Entre los grupos armados señalados como autores del reclutamiento están el ELN, y las disidencias de las FARC como principales reclutadores. Esto se corresponde con el crecimiento de ambas estructuras armadas durante el último año, por un lado, el ELN tratando de establecer un corredor por toda la mitad de Colombia para transportar cocaína y por el otro los distintos grupos disidentes de las FARC que han duplicado en 12 meses sus hombres en armas y que libran entre ellos confrontaciones por el control del territorio.
Otros grupos reclutadores serían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -o Clan del Golfo- los Caparrapos, Los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) que también ha alertado por la disparada de menores de edad reclutados en Colombia, estos grupos armados, en especial las guerrillas, no solo estarían usando menores colombianos sino también venezolanos y ecuatorianos, que son especialmente vulnerables en la zona de frontera.
Sobre los menores venezolanos destaca que “son percibidos por los grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana”.
Los roles que desempeñan niños y niñas dentro de estas organizaciones también han sido definidos por la OEA; mientras que los primeros son vinculados directamente a actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte o cualquier otra de tipo militar (como comentar homicidios y secuestros), las segundas son usadas para actividades de reclutamiento de otros menores, a la vez que son explotadas y agredidas sexualmente.
Los métodos de reclutamiento
Para el experto en conflicto Luis Fernando Trejos son varias las razones que podrían explicar esta disparada del reclutamiento de menores, pero en el contexto de la pandemia destaca dos: el cierre de las escuelas y la disminución de acciones militares por parte del Estado.
Sobre la primera dice que las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar los contagios por Covid-19, en especial la suspensión de clases presenciales ha tenido particular impacto en las poblaciones rurales pues “esto hace que los niños tengan más posibilidad de interactuar con miembros de grupos armados ilegales”.
Pero esto no puede verse como un tema aislado, sino que se entrecruza con la segunda causa que destaca, la disminución de las acciones militares. Afirma Trejos que en varios departamentos del país -como en Atlántico y Amazonas- el Ejército está siendo usado con “roles policivos”, como reforzar los toques de queda y demás medidas de aislamiento decretadas por alcaldes y gobernadores.
“Esto pudo haber permitido que los grupos armados ilegales tengan más libertad en los territorios que controlan y esa libertad se ha traducido en mayor presencia en las comunidades lo cual deriva en posibilidades de ampliar el reclutamiento, especialmente en menores de edad”, explica el experto.
Entre los métodos de reclutamiento que han surgido durante la pandemia está el uso de redes sociales, en especial Whatsapp, y del engaño al organizar fiestas clandestinas para atraer a los menores y vincularlos a grupos delincuenciales.
Casos como estos se han documentado, por ejemplo, en Tibú, Norte de Santander, una zona fronteriza con Venezuela. Otra forma de seducir a los jóvenes es ofreciéndoles dinero prestado para vincularlos a sus filas, o la promesa de buenos salarios si pasan a ser miembros.
Estas situaciones se reproducen en otras partes del país, con particulares dinámicas dependiendo del grupo armado con mayor presencia.
En Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Meta, Cauca, Putumayo y la costa Pacífica nariñense son los grupos disidentes de las FARC los mayores reclutadores. El EPL es la principal amenaza en el Catatumbo, y el “Clan del Golfo” y “Los Caparrapos” lo son en la región del bajo Cauca, Chocó y Nariño.
El ELN, que cada vez tiene un mayor alcance nacional, se destaca como el mayor reclutador de menores de acuerdo con las cifras de niños, niñas y adolescentes rescatados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que a corte del 31 de mayo informó que de los 220 menores en su custodia el 43% había hecho parte de esta guerrilla.
Rescates en medio de la pandemia
A principios de junio se presentó el caso del rescate de dos niñas menores de edad, de 12 y 14 años respectivamente, que eran asechadas por las estructuras armadas que operan en Puerto Santander, una zona rural del Amanozas.
Las denuncias de sus familiares y la intervención oportuna de las autoridades lograron ubicar a las menores y trasladarlas hasta Florencia (Caquetá) para que fueron atendidas por el ICBF y les fueran restablecidos sus derechos.
Otros casos similares se han presentado durante lo corrido del año, como el rescate el 18 de mayo de cinco menores de edad que ya habían sido ingresados a las filas del ELN.
Este reclutamiento había sido perpetrado por el Frente Resistencia Guamoco de esta guerrilla y en el operativo de rescate se dio con la captura de alias Jordan o Gato, cabecilla de la red de apoyo urbano encargado del reclutamiento del ELN en El Bagre, municipio de Antioquia. Él habría usado amenazas a las familias de los menores para llevarlos a integrar la guerrilla, los hombres iban a integrar la estructura armada mientras que las mujeres las entregarían a los cabecillas del frente presuntamente para ser explotadas sexualmente.
Estos dos casos encendieron las alarmas de las autoridades y produjeron la mencionada reacción de la Procuraduría, pero no son los únicos ni son aislados.
De acuerdo con el ICBF y la Fuerza Pública en los últimos 18 años en el país se han reclutado más de 14 mil menores de edad, contando a desmovilizados que cumplieron su mayoría de edad integrando las filas de un grupo armado.
El ICBF resalta que entre el 7 de agosto de 2002 y el 10 de febrero de este año, antes de que comenzara la cuarentena nacional por el coronavirus, se habían desmovilizado 5.503 menores de edad de grupos armados ilegales. La mayoría, 3.199 es decir un 58%, fueron reclutados por las FARC, otro 20% equivalente a 1.103 casos estaban en poder del ELN; mientras que las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia reclutaron 809 y los grupos residuales post desmovilización de estas 153.
Por otro lado los que cumplieron mayoría de edad dentro de las filas de los grupos armados fueron unas 8.794 personas. De nuevo las FARC con 6.443 casos (el 73%) fueron el principal grupo reclutador, seguido por el ELN con 1-404 (el 16%) y las AUC con 777 (8,8%).
Cabe resaltar que estas cifras responden a los menores desvinculados que tras su paso por la guerrilla fueron atendidos por el ICBF por lo que si bien ofrecen un panorama histórico de lo que ha sido el reclutamiento de menores en Colombia la fotografía de la realidad es mucho más grave.
El problema se complejiza además porque las causas que explican el reclutamiento de menores no solo se reducen al reclutamiento forzado, sino que son mucho más profundas y responden a factores sociales, ideológicos y económicos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la paz el “deseo de poder” constituye en una de las principales causas por las que un menor accede a vincularse a un grupo armado, y está presente en por lo menos el 41% de los casos.
Otros factores son la pobreza (28% de los casos) la afinidad familiar o ideológica (23% de los casos) y el nivel de escolaridad o la falta de esta (6% de los casos).
También hay agravantes, como la presencia histórica de grupos armados, que hace un 65% más propenso a ser reclutado a un menor de estas comunidades; o las zonas de economía ilegal, que aumenta las probabilidades de reclutamiento en un 10%.
El confinamiento también plantea otro problema, impide la movilidad de las organizaciones y redes de apoyo que trabajan con menores en comunidades vulnerables y que sirven en muchos casos de barrera para impedir reclutamiento o como canal de recolección de denuncias para ponerlas en conocimiento de las autoridades. Por donde se mire el panorama es desalentador.