La elección para renovar la Asamblea Nacional fue convocada por el nuevo Consejo Nacional Electoral para el próximo 6 de diciembre. El 5 de enero de 2021 concluirá el período de cinco años del único poder público de Venezuela reconocido por la comunidad internacional como un órgano legal y legítimo, surgido de las elecciones democráticas de 2015 que dieron la mayoría parlamentaria a la oposición. Un revés que el chavismo no pudo tolerar y contra el que se las ha ingeniado para que no se repita.
En esta ocasión, el árbitro electoral a cargo de los próximos comicios parlamentarios fue descalificado por la Organización de Estados Americanos: 3 de cada 5 países consideraron –21 estuvieron a favor, 6 se ausentaron y 7 se abstuvieron– su designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia “ilegal”. Y recordó la OEA que se necesitan unos árbitros imparciales para celebrar un partido “justo, libre y transparente”.
La OEA con la decisión del 26 de junio acompañó a la Unión Europea, el Grupo de Contacto Internacional, el Grupo de Lima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Estados Unidos en el rechazo de las decisiones tomadas recientemente por del Tribunal Supremo de Justicia, que coaccionan el orden democrático en “perjuicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos”. Este TSJ controlado por el régimen de Maduro le arrebató las funciones al Parlamento legítimo, y designó nuevos rectores afines al equipo usurpador para que convocara y arbitrara las elecciones parlamentarias. El nombramiento unilateral de los miembros del CNE, que no es ni equilibrado ni independiente, daña la posibilidad de una salida a través de un juego electoral consensuado y democrático a la más grave crisis social, económica y política de la historia de Venezuela.
El otro facilitador de la competencia, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, fijó posición ante el juego electoral. Anunció, en la celebración de los 209 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela, que la oposición jamás en la vida ganará una elección. “No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, una Fuerza Armada antiimperialista, revolucionaria y bolivariana”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Por lo tanto, la FANB quedaría inhabilitada para ejecutar el Plan República –despliegue militar nacional durante el proceso electoral– porque estaría el resguardo del orden y la seguridad de la votación en riesgo.
Hace 5 años la situación fue diferente. En la anterior elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2015, el mismo general Padrino López se opuso a “las intenciones de Diosdado Cabello [presidente de la AN en ese momento] de tomar la calle utilizando a paramilitares para romper el proceso electoral ante la imposibilidad de ganarlo”, según el diario español ABC. Un hecho que llevó a “Cabello a pedir la cabeza del titular de Defensa por oponerse al fraude”. Asimismo, las fuentes del diario Nuevo Herald dijeron que “Padrino insistió ante Cabello y Maduro que la FANB sólo respetaría un anuncio que reflejara el resultado recogido en las urnas de votación, decisión que terminó obligando al chavismo a reconocer la victoria de la oposición”.
La alineación del ente rector (CNE) y de los custodios electorales (FANB) para favorecer el resultado oficialista lleva a los 59 países a seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente constitucional en funciones de Venezuela. Como lo acaba de hacer un Tribunal Superior de Reino Unido, que “bajo la doctrina de ‘una sola voz” acepta la declaración como inequívoca.
Todo indica que Maduro quiere la confrontación con la comunidad internacional para seguir manteniendo el control de facto del país. Cree que la amenaza externa del imperialismo le permite fortalecer la unidad interna. También busca enfrentar entre sí a los factores democráticos de la oposición, al colocarlos en el dilema de ir o no al juego electoral, que es donde se desempeña mejor.
Si Maduro mantiene la estrategia de confrontación con los 59 países y los organismos multilaterales usando la ventaja del árbitro principal (CNE) y de los jueces de línea (FANB) para ganar el partido, obligará a las fuerzas democráticas a boicotear el juego al calificarlo de fraudulento.
Participar en esas condiciones sería legitimar la elección presidencial de 2018 y las que vengan, y el fin del juego electoral democrático en Venezuela.