De acuerdo a información enviada por la Coordinación de Relaciones Internacionales del Partido GENTE – Generación Independiente, la detención de Alex Saab en Cabo Verde expuso públicamente no solo una inmensa trama de corrupción y toda suerte de delitos perseguidos internacionalmente, sino también la existencia de una práctica reiterada de otros presuntos delitos perpetrados por y desde la institucionalidad misma del Estado; en este caso, por y desde la Cancillería venezolana.
No es solo lo referente al otorgamiento de un pasaporte diplomático que acredita como “Enviado Especial” o como “Agente del Estado” a un contratista del Estado (Saab); quien además es extranjero y reo de la justicia en varios países. Esto es ya vox populi y resulta de suyo escandaloso.
Es que, adicionalmente, a través de este caso, nos percatamos de que el Estado venezolano continúa incurriendo en delitos ya conocidos y denunciados con anterioridad por la Asamblea Nacional. El movimiento político Generación Independiente – GENTE – desea llamar la atención sobre esta situación.
Resulta que el ciudadano Alejandro Correa Ortega, quien actualmente hace gestiones en instancias caboverdianas a favor del capturado Saab para lograr su pronta liberación; actúa, se presenta y se deja extender el trato de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela acreditado ante el Estado de Cabo Verde. Este señor entregó sus “Cartas Credenciales” ante el Jefe de Estado de ese país el 02 de octubre de 2019.
Pero hay un problema con eso. Desde el año 2015 el régimen de Maduro no ha vuelto a solicitar autorización del Poder Legislativo para proceder a nombrar nuevos Embajadores. Por tanto, al expedir cartas credenciales de Embajadores que no han sido debidamente autorizados por la legítima Asamblea Nacional, el régimen usurpador comete fraude a la Ley, interna e internacionalmente.
Ello constituye un engaño para el Jefe de Estado que las recibe porque dicho acto administrativo no se ha podido perfeccionar en los términos establecidos por la legislación venezolana, lo cual hace presumir la comisión del delito de usurpación de funciones previsto en el artículo 214 del Código Penal venezolano, en contravención además del artículo 138 constitucional que establece claramente que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
La responsabilidad internacional del Estado venezolano por incumplimiento de obligaciones internacionales está aquí en juego. Y tanto más, si se llegare a producir algún daño a terceros Estados como consecuencia de la actuación de estos “embajadores”. Necesario es advertir, entonces, acerca de las potenciales y graves consecuencias que se podrían derivar de todo este andamiaje ilegal.
Este abuso de credulidad de otros se extendió también en 2019 a los casos de Líbano, Kenia, Indonesia, Guinea Ecuatorial, Angola y Zimbabue. Desde GENTE alertamos sobre esta anómala situación.
En un país con raigambre democrática esto constituiría un verdadero escándalo y debería mover a todo el aparato estatal con competencia en la materia para investigar a fondo e imponer las sanciones legales correspondientes, a los efectos de corregir tan deshonesta forma de relacionarse con la comunidad internacional.
NP.