Ante el asesinato de dos venezolanos en las últimas semanas en protestas pacíficas, se pronunció la defensora de Derechos Humanos, María Antonieta Torres, para repudiar estos hechos e instar a los funcionarios de las fuerzas militares y policiales a evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública.
“El pasado sábado fue asesinada una persona y otra resultó herida en una protesta por gasolina que se registró en Anzoátegui, una semana antes fue asesinado el pescador Joe Albornoz acá en el Zulia, lo que responde a un patrón sistemático en el uso excesivo de la fuerza pública por parte de los funcionarios militares en el control de manifestaciones pacíficas en todo el país”, explicó.
La abogado informó que de acuerdo a las cifras de la ONG Provea, durante 2020 cuatro personas han perdido la vida en manifestaciones. Recordó que la primera víctima fue Charlis Núñez asesinado en el estado Bolívar durante una protesta por alimentos; luego perdió la vida Rafael Hernández en Mérida en una manifestación por los apagones y en los últimos días, Joe Albornoz en Zulia y Carlos Chaparro en Anzoátegui en protestas por combustible.
“Las protestas no son más que el clamor de un pueblo que al igual que los funcionarios militares y policiales están viviendo, padeciendo y sufriendo por la emergencia humanitaria compleja que azota a Venezuela. Este excesivo uso de la fuerza pública no es nuevo en el país, porque desde 2014 han sido asesinados más de 400 venezolanos que ejercían sus derechos civiles y políticos”, afirmó.
Determinación de los responsables
Para Torres es necesaria una investigación que conlleve a la verdad de los hechos y a la determinación de los responsables en toda su cadena de mando. “Estas muertes no pueden quedar impunes ni en opacidad, por lo que hoy exigimos verdad y justicia para los familiares y para todos los venezolanos”, destacó.
En el caso del asesinato del joven Joe Albornoz en Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, aseguró que debe determinarse la responsabilidad de los funcionarios adscritos al Departamento de Guardia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana.
“El Fiscal 45 del Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales, quien es el encargado de la investigación debe actuar como se lo ordenan las leyes, con celeridad, diligencia y transparencia en la investigación de esta ejecución extrajudicial. El asesinato de Joel Albornoz engrosa la lista de violaciones de Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas armadas al servicio de Nicolás Maduro, quienes en toda su cadena de mando, desde quien percutó el arma contra la humanidad de Joe Albornoz hasta el Comandante en Jefe, son los responsables directos de este crimen de lesa humanidad”, puntualizó.
Nota de prensa