Este jueves las Embajadas de Venezuela en Perú y Brasil realizaron en conjunto el Foro “Oro de Sangre: Violación de los DDHH y Ecocidio en el Arco Minero”, el cual fue moderado por los Embajadores Carlos Scull y María Teresa Belandria, respectivamente, con la participación de Cristina Burelli de SOS Orinoco; Américo de Grazia, Diputado en el exilio y representante por el estado Bolívar; y el Comisionado de la Presidencia para los Derechos Humanos, Humberto Prado.
En el foro fue expuesta la grave crisis social, económica, humanitaria y de seguridad que existe en el sur del Orinoco que lo ha convertido en el “Arco Minero de la Muerte”.
Con la asistencia de representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en Brasil y Perú, así como representantes de Derechos Humanos y autoridades de ambos países, los ponentes mostraron cómo los graves abusos y violencia por parte del régimen han causado más de 150 muertos desde 2016, denuncia que ha quedado registrada en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La presentación de los ponentes estuvo a cargo de la embajadora en Brasil, María Teresa Belandria, quien resaltó “la importancia de dar a conocer al mundo la grave situación que existe hoy en el sur del país, en la que no solo se violan diariamente los derechos humanos y se acaba con ecosistemas enteros, sino que también compromete la seguridad de la región”.
El Arco Minero del Orinoco está repartido entre los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Cuenta, según los estudios, con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, convirtiéndola en unas de las reservas naturales más grandes del mundo.
Cristina Burelli, enlace internacional de SOS Orinoco, explicó que “la crisis del Orinoco es una faceta de la que pocos hablan, que afecta a las poblaciones que habitan cerca causando efectos nocivos para su salud, y que hoy está en manos de grupos delincuenciales que operan en parques nacionales, ocasionando violaciones de derechos humanos, trata de blancas y que ha sido posible por ser convenido entre la guerrilla y el ejército venezolano”.
Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria y COVID-19, no sólo entre inmigrantes, sino también en comunidades indígenas locales. Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento altamente tóxico utilizado para separar el oro de otros minerales, y que contamina tanto a través de los gases que genera su procesamiento como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
Arco Minero desde el 2016
“El Arco Minero ha sido conocido de diferentes formas, pero con este nombre fue creado el 24 de febrero de 2016, por el Narco Madurismo”, así lo informó Américo De Grazia, diputado que se encuentra en el exilio por denunciar los casos de abusos de derechos humanos que ocurren en la zona. El “Arco Minero”, ha afectado a 10 de los 44 parques nacionales, así como a 43 de las 55 comunidades indígenas que tiene Venezuela. Afecta además el funcionamiento de la represa del Guri que es la principal fuente de electricidad que tiene el país.
“El régimen ha cedido la ocupación territorial a Irán, Turquía, Rusia y a Cuba, quien dicta las políticas de lo que ocurre. Así mismo sirve como paraguas para la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), que entrega a grupos terroristas las minas para que hagan vida en el territorio”, aseveró De Grazia.
Grupos criminales someten a habitantes
Las más de 149 muertes recopiladas en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos y hasta asesinatos. Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. El Comisionado Humberto Prado, informó que “existen ONG´s que trabajan en el sur del Orinoco, pero estos trabajos no son públicos ya que son pagados con la muerte o persecuciones”.
“Los grupos indígenas han resistido, muchos son sometidos por delincuentes, guerrillas del ELN y FARC a trabajar en condiciones deplorables, aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección lo que los convierte en una práctica de esclavitud moderna”, dijo Cristina Burelli.
Incidencia Internacional
Para cerrar el evento, el Embajador Carlos Scull comentó que “Han quedado en evidencia los graves delitos y daños que ocasiona Maduro en la región y esto afecta no solo a Venezuela sino a los países vecinos. Representa un problema de seguridad ya que se ve cómo ampara a grupos terroristas y acaba con zonas protegidas”.
Nota de prensa