El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en alianza con Radio Fe y Alegría Noticias presenta un informe expone la situación que están enfrentando las personas que regresan a Venezuela en medio de la emergencia generada por la pandemia de COVID-19 y la vulneración a sus derechos, así como los procesos de estigmatización y criminalización a que han sido sometidas, a causa de una respuesta punitiva por parte de funcionarios de Venezuela contra quienes ejercen el derecho a regresar a su propio país.
La publicación brinda información sobre el retorno como derecho humano y las razones por las cuales algunos venezolanos están regresando al país, así como sus expectativas al regresar.
Posteriormente, se presenta información sobre la cantidad de retornados y sus rutas de reingreso, para posteriormente presentar las condiciones que presentan los albergues donde deben cumplir la cuarentena, en materia de planta física, salud e higiene, alimentación y seguridad, así como las expresiones de estigmatización y criminalización a las que se han visto sometidas las personas que retornan. Por último, se brinda información sobre el comienzo de un fenómeno de reflujo que consiste en una nueva salida de Venezuela, para concluir con un cuerpo de reflexiones sobre los derechos de los retornados y las perspectivas de la movilidad humana venezolana en el contexto post COVID-19.
La información presentada se basa en datos y reportes oficiales, vivencias de trabajadores humanitarios y testimonios de retornados, recogidos entre abril y julio de 2020. En el caso de los testimonios de los retornados, sus nombres se mantienen en reserva, por el temor expresados por estos a convertirse en blanco de represalias.
Este informe es producido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en alianza con Radio Fe yAlegría Noticias. Se contó además con la valiosa colaboración de la Fundación Tempus 20/20, y la Fundación Nueva Ilusión, así como de la periodista Paola Rodríguez Gáfaro, ubicadas en los departamentos de Santander y Norte de Santander, Colombia, quienes ha hecho seguimiento en ruta a diversos retornados y caminantes y generosamente compartieron su información con el CDH UCAB; a todas ellas y a las víctimas con las que tuvimos contacto directo, nuestro agradecimiento por su confianza.
La figura del retorno
El punto de partida para analizar la actual situación de regreso de personas venezolanas a su país en el marco de la pandemia, es que el retorno es un derecho humano consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales que obligan a Venezuela; en consecuencia, ningún venezolano puede ser impedido de ingresar a su país ni judicializado por hacerlo. Aunque en las actuales circunstancias existen ciertas restricciones al ejercicio de este derecho, el hecho infringirlas de ninguna manera puede dar lugar a sanciones de carácter penal.
Usualmente, el retorno de quienes se vieron forzados a abandonar su país es acompañado por programas de repatriación voluntaria, en los que participan organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (ACNUR). Sin embargo, en el caso de la actual situación de retorno a Venezuela, el carácter voluntario del regreso es cuestionable, ya que, si bien el hecho no obedece a una devolución impuesta por los países receptores a través de la fuerza o la coacción, tampoco es producto de una decisión libre e intencional, sino que es consecuencia de la ausencia de alternativas, debido al cierre de posibilidades de subsistencia a causa de las medidas adoptadas para prevenir y contener el COVID-19.
Ni los organismos internacionales, ni los países receptores de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela están estimulando el retorno de las personas venezolanas. Sin embargo, algunos países han facilitado recursos para el traslado, con el fin de procurar que la movilización de quienes regresan lo hagan en condiciones de bioseguridad ajustadas a los requerimientos impuestos con ocasión de la pandemia.
Razones del actual retorno
En países como Colombia, Perú y Ecuador, que se cuentan entre los principales receptores de población venezolana, al menos la mitad de las personas provenientes de Venezuela se encuentran en situación irregular y cerca del 90% se ubica en el sector informal, por lo que dependen del día a día para subsistir.
La principal medida de prevención y contención de la pandemia del COVID-19 en la mayoría de los países ha sido la cuarentena, por lo que el encierro significó para gran parte de la población migrante y refugiada venezolana la perdida inmediata de su fuente de ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Además, al no contar con ingresos para pagar arriendos, fueron desalojados de las precarias viviendas informales que habitaban. Algunos de ellos tenían a sus hijos en escuelas donde al menos podían ver cubierto un plato de comida al día –con frecuencia, el único– que también perdieron por el cese de las actividades escolares.
De un momento a otro, muchas familias se vieron privadas de ingresos, alimentos y techo, careciendo además de redes de apoyo familiares o institucionales, que sí están al alcance de los nacionales de estos países.
Frente a las severas medidas contra la pandemia, los nacionales de los países receptores, por muy precaria que sea su situación, siempre estarán en condiciones menos desfavorables que los extranjeros por razones sencillas, pero que a veces no resultan obvias: no están indocumentados, posiblemente están registrados en los programas de apoyo social, no son rechazados ni discriminados en razón de su nacionalidad, ni temen ser expulsados o deportados. La sensación de desamparo de la población migrante y refugiada es mucho mayor, incrementando sus niveles de ansiedad, lo que explica que algunos hayan terminado considerando el retorno como su única opción.
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