Recientemente estalló el estupor en Miranda (estupor que no cesa) por un decreto emitido por la gobernación usurpada, según el cual para la adquisición de bienes y alimentos se debería cumplir un riguroso, tanto como engorroso, sistema de compras atenido al número terminal de la cédula de identidad por tan solo dos veces a la semana (dos medios días, para ser más exactos).
Descabellado intento, cuyas oscuras finalidades saltan a la vista nuevamente hoy: limitar más, aniquilar por completo el comercio (ya fatalmente resquebrajado por la cuarentena) y la producción (el régimen insiste así en ser el único expendedor de alimentos y otros rubros también); esconder la angustiosa escasez (se percibe en la distanciación cada vez mayor en la entrega de bolsas y cajas CLAP, en la bajísima calidad de sus productos, en la dramática disminución de su contenido: sin granos, ni sardinas, ni atún, ni leche. Esto significaría la muerte del programa alimentario de compra de conciencias), evitar el desplazamiento no por el coravid-19 sino por la falta de gasolina que nuevamente se le enrrostra al régimen tiránico como la demostración más fehaciente de su incapacidad e inutilidad para producir absolutamente nada distinto a terror, muertos y presos políticos.
Se evidencia con meridiana claridad que en Miranda no hay una preocupación real por la salud de la gente cuando se acepta, porque quien funge irresponsablemente de gobernador debe haber participado en la decisión preelectoral (no se entiende otra finalidad) de permitir flexibilizar la cuarentena en momentos cuando el coronavirus multiplica a diario, por horas, por minutos, sus cifras crecientes de muertos y contagiados en el país. Pero justo cuando el estado Miranda regresó muy peligrosamente al segundo lugar de la estadística de enfermos, acercándose en demasía en esta sumatoria de terribles contagios a Caracas.
Lo mejor: en la práctica nadie en absoluto le ha prestado ninguna atención al extravagante decreto del “gobierno” regional mirandino. El caso más omiso de todos los omisos casos se le ha hecho al desleznable decreto que propiciaría en su aplicación una también prolongación más honda del hambre y la angustia que ya ha rebasado lo mínimamente soportable por los ciudadanos.
Si quien hace que funge de gobernador, por suerte ya supuestamente recuperado de su contagio (la humanidad por delante incluso tratándose de adversarios o enemigos), no tiene capacidad ni autoridad para aplicar el miserable decreto, de hacerlo cumplir, ¿para qué rayos lo emite? Luego: si se apercibió del rechazo colectivo (ha debido consultar previamente a la gente) ha debido, dejarlo “oficialmente” sin efecto, anulándolo. Si, como creo, es apenas una medida para llamar la atención y hacer creer que se está pendiente de las urgencias de salud de los habitantes mirandinos, tenía otras opciones: atender más y mejor los hospitales y otros centros de salud, atender mejor al personal y dotarlo y pagarles mejor. La charlatanería es gratis, ya se ve.
Urge rescatar la dignidad de los cargos de gobernador y de burgomaestres no sólo en Miranda. Hace falta urgentemente rescatar el país de las garras de la crueldad, de la impostura, de la improvisación y de la más absoluta incapacidad que nos trajo vilmente a esta desmedida destrucción que debemos revertir cuanto antes por la preservación de esto que todavía podemos llamar nación. Estamos aún a tiempo.