ALTO “¿TRANSPORTE DE VALORES?”
Hace casi una semana el barranquillero preso en Cabo Verde -y señalado desde hace varios años por importantes medios de comunicación e investigación globales como supuesto intermediario de Nicolás Maduro- sufrió una baja de azúcar, por lo que fue llevado a una clínica privada. Desde allí, tras un rápido tratamiento, fue devuelto a la prisión donde espera la posible extradición a los Estados Unidos.
Su caso recobró notoriedad en los medios tras haber aparecido en el diario Nuevo Herald de Miami, el pasado 19/8, una información exclusiva sobre el viaje de dos prominentes ciudadanos de Cabo Verde a Venezuela, y más específicamente al Palacio presidencial de Miraflores en Caracas, para reunirse tanto en presencia como vía Skype con Nicolás y algunos de sus más cercanos colaboradores. Ello, en aras de ayudar en el tema del preso, con al menos 4 nacionalidades y miles de millones de dólares en negocios rojitos con las Cajas CLAP de comida subsidiada.
La pesquisa del propio gobierno del archipiélago africano fue más allá y consiguió algunas pruebas de “aprovechamiento” de las circunstancias, así que decidió abrir una causa. A través de un comunicado indicaron que contra el empresario Fernando Gil Évora y el exfuncionario Carlos Dos Anjos “se ordenó un proceso judicial contra dos supuestos emisarios que, en falso nombre del Gobierno del país africano, viajaron a Venezuela para presuntamente tratar con Nicolás Maduro e interceder en el caso del colombiano Álex Saab”.
La Procuraduría General de la República determinó abrir una “investigación judicial” por la “existencia de hechos susceptibles de integrar la práctica de un delito de usurpación de autoridad.
El Ministerio Público caboverdiano emprendió esa acción después de tener “conocimiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación nacionales y extranjeros” sobre el viaje a Venezuela; y la declaración del Gobierno del presidente José Carlos Fonseca alegando que “no había enviado a nadie a ninguna misión a ese país”.
Gil Évora pertenece a una compañía farmacéutica. Nadie puede hacer un viaje tan largo y costoso en un avión privado si no tiene ingentes recursos. Ellos se excusaron diciendo que “fueron invitados por los abogados de Saab con un fin puramente comercial, para promover negocios con el gobierno venezolano”.
La pesquisa que hacen incluirá indagar sobre el por qué de las paradas en Lisboa, donde tiene su despacho el abogado español Baltazar Garzón. La presunción del investigador principal es que podrían haber viajado a Caracas en una intermediación para transportar el pago del gobierno venezolano al exjuez Garzón. ¿Oro en barras o billetes de euros y dólares para esos gastos? Los enjuiciados no han encontrado todavía una explicación creíble de tan largo desplazamiento.
EL “ROJO” PERIPLO
Según la primicia de El Nuevo Herald“, Oliveira Gomes Dos Anjos y Alves Évora llegaron a Venezuela tras una larga travesía que comenzó el lunes 17/8 a las 11:25 a. m. en Lisboa, donde los individuos tomaron una aeronave privada Gulfstream 5 con las siglas GES81M, alquilada a la empresa española Gestair, para llegar siete horas después a San Vicente y las Granadinas en el Caribe. De allí, según los registros públicos de vuelo, tomaron otro avión, un Citation C550, siglas YV3344, (venezolano), autorizado por el gobierno de Maduro, que los llevó hasta el aeropuerto de Maiquetía. La travesía representó más de ocho horas de vuelo, aterrizando en Maiquetía a las 3:51 p. m., debido a los diferentes horarios.
Para volar de regreso, el 16/8, los dos visitantes tomaron el Gulfstream 5 que el día anterior los había llevado hasta San Vicente. Su viaje tuvo una escala en ese país caribeño antes de continuar a Lisboa. Fue capcioso para quienes les hicieron seguimiento que partieran de Maiquetía con varias maletas (más que con las que entraron); y especialmente por su parada en Lisboa, donde tiene las oficinas el abogado Baltasar Garzón.
Así se lo informaron a sus “amigos de Washington”. Como las dudas crecieron a medida que pasaban las horas, decidieron enjuiciar a los dos supuestos cómplices de esta nueva trama del caso Saab. Por cierto que la decisión anunciada oficialmente por el gobierno del archipiélago le permitió reiterar en su declaración pública la completa legalidad de la detención del negociante colombiano.
“Any second” me continúan diciendo desde Miami refiriéndose a su extradición…
MEDIO EL VIAJE A IRÁN
Apenas fuera detenido Saab en Cabo Verde señalamos que el objetivo de su periplo aéreo sería la compra de dos buques tanqueros de gasolina para mantener el flujo del combustible con Venezuela.
La agencia Reuters fue informada por los abogados del barranquillero de que él había viajado ya antes a Teherán para convencer a las autoridades iraníes de exportar gasolina y los materiales necesarios para componer una refinería y así aliviar la crisis de combustible.
Obviando la enorme cantidad de negocios sucios hechos con el régimen de Maduro, y de los que cada día se descubre una rendija adicional de corrupción, se vendió como un santo empresario que buscaba medicinas y alimentos “para aliviar la crisis de la pandemia que afecta el débil sistema de salud”.
¿$50 MILLONES ROJOS?
“No se equivoquen al elegir a David Rivera en su liderazgo; el Partido Republicano ha demostrado que es el partido de Maduro”, dijo Steve Simeonidis, presidente del partido demócrata en Miami-Dade. Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Biden en Florida, dijo: “El Partido Republicano se está burlando de la lucha por la democracia y la libertad para Venezuela y sus palabras no son más que una estratagema política calculada, cínica y vacía para obtener votos en Florida.”
En medio de la campaña presidencial, recuerdan que Rivera tiene muy mala reputación tras habérsele descubierto un contrato con la petrolera CITGO por 50 millones de dólares cuando estaba en manos del gobierno de Maduro y del que recibió un adelanto de 15 millones. Este caso lo traté hace unos meses en mis programas y columnas.
Los abogados de Citgo, filial de PDVSA, hoy controlada por los oponentes de Maduro, alegan que la firma de Rivera no describió ningún trabajo que hubiera realizado mientras recolectaba esos primeros 15 millones de la tarifa acordada. Los fiscales federales en Miami también están investigando el contrato porque Rivera nunca se registró como agente de un gobierno extranjero, según un oficial de la fiscalía estadounidense bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.
El contrato sorprendió a los residentes de Miami, quienes identifican a Rivera con la política anticomunista del senador republicano Marco Rubio, con quien compartía casa cuando ambos estaban en la legislatura estatal de Florida. David Rivera y su pareja de entonces, una venezolana, montaron un esquema de premiación a los venezolanos más prominentes en Miami, haciendo oposición a Chávez y Maduro, con el otorgamiento de la Medalla del Congreso; una bandera estadounidense que supuestamente había ondulado sobre el Capitolio y una visita a la ciudad de Washington para su entrega.
Los negocios de Rivera con otros individuos relacionados con el negocio petrolero venezolano siguen investigándose. La sorpresa ha sido que Rivera fue elegido “muy discretamente” al comité ejecutivo del Partido Republicano de Miami a pesar de la investigación federal por ese contrato de cabildeo de 50 millones de dólares con uno de los blancos favoritos de los republicanos del sur de Florida: el gobierno socialista de Venezuela.
La elección de David Rivera a la comisión de 160 miembros, que no había sido reportada previamente, fue pasada por alto en los resultados de las primarias del 18 de agosto en el condado de Miami-Dade. Los demócratas esperan que el intento de regreso del controversial político “pueda restarles peso a las críticas de la campaña del presidente Donald Trump, que compara las políticas del candidato presidencial demócrata Joe Biden con las del gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro”.