A cinco años de ser electa la Asamblea Nacional, 131 diputados han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, con agresiones verbales, físicas y persecución de funcionarios de seguridad y colectivos armados. Así lo revela el Informe Especial sobre la situación Parlamentaria que emitió la comisión de Justicia y Paz a cargo de la diputada Delsa Solórzano, el pasado 12 de agosto.
Ana Uzcátegui || LA PRENSA DE LARA
El documento precisa que 30 legisladores tienen su inmunidad parlamentaria allanada por la Constituyente cubana (ANC) y el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro (TSJ). 30 mantienen procesos judiciales abiertos, varios con orden de captura; cinco se encuentran encarcelados sin sentencia; 26 están en el exilio y cuatro en la clandestinidad.
Con este balance, politólogos, expertos en derecho constitucional y parlamentarios, coinciden que ha sido el período legislativo en los anales de la historia política del país, con más violaciones a la Constitución, donde se ha socavado la voluntad popular que en 2015 eligió a 112 diputados opositores, de los 167 cargos que tiene la AN.
“Es un parlamento sitiado por un régimen violento y por cuerpos de seguridad que violan la Constitución y que han estado al margen de la ley respondiendo a intereses particulares y no al país“, denunció Biagio Pilieri, parlamentario de Yaracuy, al recordar que las violaciones de DD.HH han sido una práctica recurrente del régimen, incluso él en 2009, cuando resultó electo por primera vez diputado siendo preso político, se le impidió juramentarse cuando le correspondía a pesar de ser absuelto en dos juicios.
“Hemos sido perseguidos por grupos irregulares, armados, violentos y criminales que durante cuatro años le han hecho la vida imposible a cada parlamentario que no comulga con el gobierno. Y digo cuatro años porque desde enero de 2020 cuando se instaló el período legislativo, no hemos podido pisar la sede del Parlamento”, comentó. Según el conteo que realiza la ONG Acceso a la Justicia, el TSJ del chavismo en el último lustro ha emitido 135 sentencias contra la AN, provocando que ninguna ley creada esté vigente en el país. La primera acción judicial que enfrentó el Poder Legislativo fue perder su mayoría calificada, ya que inmediatamente al intentar asumir posesión los 3 diputados indígenas de Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana, el tribunal chavista eliminó los resultados electorales.
En julio de 2016, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento en ese momento, le entregó sus credenciales, los juramento y se incorporaron al debate legislativo, alegando que el TSJ no iba a reconocer ninguna acción del Poder Judicial, pero inmediatamente se decretó el desacato del parlamento y bajo sentencia la nulidad de todos sus actos.
“Con esa decisión el TSJ que es un apéndice del gobierno, comenzó una especie de judicialización contra el parlamento y cuando vieron que a pesar de eso no se dividían, entonces la arremetida comenzó a ser con amenazas y violencia“, mencionó Radamés Graterol, politólogo.
Repuntó represión
El informe sobre la situación del parlamento señala que la persecución judicial y política aumentó cuando Juan Guaidó apareció en la palestra pública asumiendo el cargo de presidente interino de Venezuela, tras las protestas políticas que se registraron el 10 y el 23 de enero de 2019 cuando se juramentó en el cargo.
Luego, tras el 30 de abril de ese año, los organismos de la dictadura comenzaron a “silenciar, desarticular y disolver la AN“, según reseña el documento de la comisión de Justicia y Paz librando órdenes de captura contra diputados que aparecieron en videos en redes sociales apoyando las manifestaciones, siendo detenido el 2 de mayo Édgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento en ese momento, pasando 135 días en El Helicoide, Sebin.
Sin inmunidad
En mayo de 2019, a 15 diputados se les allanó su inmunidad parlamentaria, comenzando por Édgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Calzadilla, Américo de Gracia y Richard Blanco, pero contrario a lo que dice el artículo 200 de la Constitución, fue sin consultar al Poder Legislativo; la orden la emitió la ANC y el TSJ de Maduro. De esa fecha hasta lo que va de 2020 han sido 30 diputados a los que se les ha violado el fuero legislativo.
“El allanamiento del fuero parlamentario sólo lo puede declarar la AN, quien sanciona a un diputado es el TSJ, pero debe recurrir a un procedimiento previo que es consultar al poder legislativo. Esto no lo han hecho con la intención de esterilizar a este poder que es la representación genuina de los electores, único poder público en el país reconocido por más de 60 países democráticos del mundo”, destacó Radames Graterol, politólogo.
Para Biagio Pilieri, parlamentario, la acción ha sido una violación flagrante a la carta magna que no se ha registrado en ningún otro parlamento democrático del mundo. “Este régimen ha creado un antecedente peligrosísimo e inconstitucional, que deja claro que cuando salga del poder será ejemplo de lo que no se debe hacer con la Constitución ni con la soberanía popular”, expresó.
Hay nuevas normas
Para el abogado constitucionalista Jairo García, la violación sistemática de los derechos de la Asamblea Nacional para ser un contrapeso con los demás poderes del país y garantizar la democracia sólo tiene una explicación. El régimen está ejerciendo una nueva Constitución, creada por la ANC pero que no ha hecho pública y no ha sido aprobada por el pueblo.
“La Constitución del 99 ya no existe, nadie la cumple, ni siquiera el parlamento nacional, menos el Ejecutivo Nacional o los demás órganos del Estado. En Venezuela tenemos una nueva Constitución, que no ha sido reducida a un texto, pero esta operante, Maduro la llama, “la unión cívico militar y policial del Estado, llena de caprichos, opacidad, es un sistema autoritario donde se proteja a un grupo de personas para sostener el poder indefinido“, manifestó.
Alega que la carta magna que se aprobó hace 21 años consagra el respeto de los Derechos Humanos y la autonomía de los poderes, dos principios que se dejaron de cumplir en el país. Indicó que en los últimos cinco meses en pandemia, los tribunales del régimen han estado cerrados y ahora el acceso a la justicia lo manejan militares y funcionarios policiales. “Quienes resuelven los problemas hoy en día no son los abogados, no hay acceso a la justicia por vía de los tribunales. La gente recurre a los militares a través del FAES para resolver los problemas y lo resuelven, estamos sin protección judicial. Nos están cambiando la cultura política e institucional del país“, reseñó.
Caos electoral
El politólogo Germán Aponte, comentó que todas las zancadillas que ha impuesto el régimen de Maduro al parlamento, han dejado en evidencia un propósito claro: cerrar los caminos a unas elecciones con garantías y que sean reconocidas por la comunidad internacional.
“Las elecciones de 2015 fueron los últimos comicios competitivos en Venezuela. El gobierno al verse en minusvalía por la poca aceptación popular expresada en los votos, decidió que eso no iba a volver a ocurrir, destruyendo el órgano representativo del poder Legislativo y dinamitando la credibilidad e institución del voto. El venezolano no cree en los procesos electorales como una vía para dirimir los conflictos políticos“, considera. Cuestionando la manera en que ha sido convocada las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, en las que no participarán 27 organizaciones políticas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, y en la que sólo han presentado candidatos el oficialismo, partidos intervenidos por el TSJ chavista y aquellas organizaciones que desde finales de 2019 mantienen un diálogo con el gobierno.
Presos y en el exilio
Según el informe de la Comisión de Justicia y Paz de la AN hay cinco diputados privados de libertad, sin que hasta ahora se les haya realizado un juicio, entre los que se encuentra Juan Requesens, quien llevaba dos años en la sede del Helicoide del Sebin hasta el pasado viernes 28 de agosto, cuando fue trasladado a su hogar con medida de “casa por cárcel”.
Desde finales de 2019 a la fecha otros cuatro parlamentarios han sido privados de libertad, Renzo Prieto, Gilber Caro, Ismael León, Antonio Geara.
Otros 26 diputados se encuentran en el exilio, tomaron esa decisión tras haberse orden de captura en su contra como Julio Borges, Gaby Arellano, entre otros, y cuatro están en la clandestinidad o refugiados en embajadas como Freddy Guevara.