Una tragedia viven los privados de libertad con enfermedades crónicas que están recluidos en centros penitenciarios o calabozos policiales de Lara, debido a la escasez de gasolina, pues han dejado de ser trasladados a audiencias especiales para la revisión de medidas cautelares, o aplicación de medidas humanitarias a pesar de su delicado estado de salud.
Ana Uzcátegui || LA PRENSA DE LARA
Alexis Pineda, abogado penalista, contó a LA PRENSA que dos de sus defendidos, uno recluido en el Cicpc de Quíbor con tuberculosis, y una señora de 60 años con diarrea crónica, encarcelada en la comandancia de Polilara en Fundalara, al este de Barquisimeto, tienen más de un mes con una boleta de traslado emitida por la Fiscalía Pública, para ser revisados por medicatura forense y posteriormente ser llevados a audiencia especial en tribunal, y la excusa dada en ambos sitios de reclusión es “no hay gasolina”.
“Es lamentable, porque está en riesgo la vida de estas personas. No entendemos cómo, si son los funcionarios de seguridad los primeros que se abastecen de combustible cuando llegan los cisternas de Pdvsa a las estaciones de servicio, digan que no tienen gasolina para garantizarles el traslado a quienes ameritan una medida humanitaria”, expresó.
Manuel Brito, especialista en Derecho Penal, informó que desde que inició la cuarentena, el sistema de justicia venezolano está paralizado. “Aquellos que están en fase de juicio, o ya habían comenzado juicio lo perdieron porque para ellos no hay audiencias. Sólo se hacen audiencias preliminares que están en la mitad del proceso, y son para aquellas personas que ya van a admitir los hechos, se van a declarar culpables y se trate de delitos menores a 8 años de pena, que podrían salir en libertad”, explicó.
Estas audiencias se realizan de acuerdo a un listado que emite el sistema de judicial penal. En el caso de las medidas humanitarias, alega que los abogados deben mover cielo y tierra para que se tramiten. “En la mayoría de los casos los funcionarios policiales se escudan en la escasez de gasolina para no trasladar a los privados, y es cuando el familiar debe ingeniárselas, incluso solicitar que se les autorice el traslado por su cuenta, pero siempre terminan dependiendo de la benevolencia de los órganos policiales.
Durante la segunda semana de septiembre, dos privados de libertad de Lara fallecieron esperando medidas humanitarias, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Muertes de reos se han duplicado
Beatriz , coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones en Lara, denunció que durante los primeros cinco meses de pandemia 36 presos murieron, 26 de ellos estaban en prisión y 10 en calabozos policiales. Los motivos de esas muertes fueron, en la mayoría de los casos, malnutrición y tuberculosis.
“La situación si anteriormente era crítica, en cuarentena estamos en números rojos. Ya queda potestad del centro penitenciario aplicar los traslados, no todos los familiares tienen la posibilidad de movilizarse y asumir estas gestiones. La cifra de fallecidos que ha habido de fallecidos presos en Lara es un indicador que refleja que la salud no es prioridad para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, mencionó.