Son 443 páginas las que contempla el informe de la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU, que fue publicado este miércoles. En una primera nota difundida por el organismo se conoció un resumen de lo concluido, sin embargo el detallado presenta varios elementos destacables para el entendimiento de su impacto a nivel internacional.
Raylí Luján / La Patilla
A continuación los 10 puntos más destacables del documento que ya ha sido calificado de histórico por expertos internacionalistas, en el que se acusa directamente a Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa durante el período evaluado, de crímenes de lesa humanidad.
1. Metodología y marco teórico: ¿A quiénes se entrevistó?
Aunque la misión se tropezó con ciertas limitaciones para acceder a Venezuela, logró cumplir con entrevistas y documentos confidenciales como principales métodos. Además de las entrevistas con las víctimas y familiares, que fueron cruciales, se destacan las entrevistas con antiguos funcionarios gubernamentales, como el exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera; con miembros de las fuerzas de seguridad en servicio actualmente, las que fueron realizadas bajo estricta confidencialidad y dieron un valor agregado de legitimidad al documento. Frases claves de las órdenes recibidas así lo detallan.
2. Cronología de los principales eventos: Hecho por hecho
La investigación dedicó 15 páginas para la organización cronológica de los hechos desde 2014 hasta la fecha. En ellas se incluyen elecciones, protestas, alzamientos de grupos militares, el asesinato de Oscar Pérez, declaración de Juan Guaidó como presidente interino, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, resultados de la Encovi, entre otros. Esto comprende un detallado que explica cada elemento de la crisis socio-política y económica que atraviesa el país.
3. Los incentivos para las violaciones de DDHH:
En el punto 116 del Marco Institucional, la misión hace una mención especial a un elemento que debe ser investigado con mayor profundidad. Se refiere al vínculo que claramente existe entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos, con base en la información obtenida de miembros actuales y anteriores de la administración de Maduro y personal militar que explican que el factor motivador de las violaciones identificadas son los beneficios económicos personales con el fin de que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad.
4. Colectivos y actuación “oficial” escrita, sin pudor:
En el documento se hace referencia a la relación “compleja” entre la administración de Maduro y estos grupos armados, cuya actuación es visible en documentos oficiales, sin mayor recato, como el Manual de Normas y Procedimientos Operativos del Servicio de Policía Administrativa Especial y de Investigación Penal en Apoyo a la Administración Pública en Materia de Orden Público, elaborado por el Ministerio de Defensa. Se habla particularmente sobre cómo los colectivos son usados para el mantenimiento del control social en los barrios o como informantes del Gobierno, a través de los Consejos Comunales y programas Clap.
5. Elementos comunes y patrones de las violaciones:
En la evaluación de las violaciones a los derechos humanos y las miles de víctimas, se resaltan los elementos comunes y patrones, que comprueban la crueldad e ilegalidad sistematizada. Entre ellos figuran: 1) ataques físicos o amenazas; 2) campañas de difamación y estigmatización; 3) represalias administrativas (especialmente la destitución de políticos, jueces y fiscales o funcionarios públicos de sus puestos); 4) procesos penales en procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas del debido proceso; 5) detenciones arbitrarias, incluso en malas condiciones y durante períodos.
6. La difícil documentación de actos de tortura:
Lo más relevante del documento es la minuciosidad con la que se detalla caso por caso, ya sea de renombre político o civiles desconocidos, encarcelados arbitrariamente. Se explica además la documentación que se tiene en relación a los actos de tortura, que difícilmente pueden ser comprobados, haciendo una lista de cada uno de ellos.
- Posiciones de estrés llamadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos)
- Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua
- Golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente
- Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo
- Amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional
- Amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares
- Tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo
- Desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas
Así también, la identificación de centros de detención clandestinos.
- Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso
- Una casa en el área de Bello Monte de Caracas
- Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas
- Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército tienen su sede
- Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el Estado Miranda (ver imagen satelital) y
- Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda
7. Contrariedades reflejadas:
La Misión, a través de sus conclusiones, deja en evidencia contrariedades en el discurso oficial en casos tan delicados como fue el del concejal Fernando Albán. Si bien, este tipo de conductas han sido evaluadas y reflejadas por los medios de comunicación así como por las propias víctimas, resulta trascendental que quedé establecido en la evaluación final de un organismo internacional. “Sobre la base de la investigación realizada en el caso, la Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, reza parte del escrito.
8. Contacto con el régimen sin respuesta:
En el documento de la misión de la ONU se refleja en varias oportunidades y casos las fechas en las que establecieron una comunicación con voceros de la administración chavista para solicitar actualizaciones. En ninguno se obtuvo respuesta.
9. Los manuales de “control”:
En el informe se explica la existencia de manuales, que fueron obtenidos y analizados por los integrantes de la misión, en los que se ordena intervenciones especiales por parte de los cuerpos de seguridad para la contención de protestas o “guarimbas”, que incluye la cooperación de militares con civiles armados, denominados colectivos. Se hace mención a la orden firmada por Néstor Reverol en abril de 2015, así como al Plan Zamora y Plan Guaicaipuro, autorizados por Vladimir Padrino López.
10. Responsabilidades:
La Misión, que hace un detallado de las responsabilidades por violaciones y crímenes, también concluye que las autoridades de alto nivel conocían sobre las condiciones de detención y las prácticas de tortura y cómo en ninguno de los casos investigados se ha condenado a un presunto autor. Se explica que tanto el presidente como sus ministros de Interior y Defensa, en contacto con los miembros de seguridad del Estado tenían conocimiento sobre los crímenes, incluso daban órdenes y coordinaban actividades. “La mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”.