Para el comisionado para las Naciones Unidas Miguel Pizarro, el informe de la Misión internacional
independiente de determinación de las situaciones de derechos humano en la República de Venezuela, a diferencia de otros ya elaborados, es un informe de un procedimiento especial, independiente de una misión de determinación de hechos, y que no está bajo la rectoría de la alta comisionada, sino de un grupo especial de investigadores.
Agregó que la semana que viene será la demostración más importante, ya que se darán a conocer las consideraciones que han hechos los estados miembros sobre el informe, y que se podría plantear dos escenarios.
“Hay dos cosas importantes que están por ocurrir en el Consejo, una es que este informe va a ser producto de un diálogo interactivo entre los expertos de la misión de determinación de hechos y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos en el marco del Consejo, y hay un segundo ejercicio importante que va a dar una clara demostración de la valoración y del peso que tiene este informe, que es la votación de la resolución que renueva los mandatos tanto de la oficina de la alta comisionada Verónica Michelle Bachelet, como la renovación del mandato de la misión de investigación de verificación de hechos para que puedan seguir su trabajo y profundizando”.
Pizarro explicó que el documento mantiene un hilo conductor en el que la constante determina que en Venezuela la violación de los Derechos Humanos es una política de estado y que tiene en su cadena de mando involucrados desde Nicolás Maduro hasta el Ministro de Interior y Justicia, y funcionarios de los cuerpos de seguridad, en particular a las FAES, OLP, la DGCIM y el Sebín.
“La afirmación de que hay indicios suficientes para poder presumir que tanto Maduro como Reverol como Padrino, eran parte de todas las decisiones de allanamientos, de desapariciones forzadas, de torturas, de interrogatorios con tratos crueles e inhumanos, abre la puerta a la investigación de tipo penal en los organismos internacionales y de justicia universal”.
El diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó manifestó que de acuerdo al texto publicado, los asesinatos en los marcos de la OLP y las acciones de la Faes no fueron en combates ni en resistencia a la autoridad, sino que hay una decisión establecida.
“Hay una orden denominada código 80 que es la luz verde para disparar a matar y para asesinar. Esta es una luz verde que en el informe se narra como parte de la cadena de mando de las Faes y las acciones de la OLP, lo que quiere decir que el asesinato extrajudicial no es solamente un abuso individual del funcionario que está en el terreno del momento, ni es un abuso del operativo, sino parte de una de una estructura de la lógica del despliegue y de la cadena de mando”.
Sobre la muerte del exconcejal del municipio Libertador de Caracas Fernando Alberto Albán Salazar manifestó que el escrito no cumplió con los protocolos necesarios para esclarecer la investigación.
“Llegan a la conclusión de que las autopsias y los exámenes practicados al cuerpo de Fernando Albán después de su asesinato no cumplen con los protocolos internacionales, no cumplen con los protocolos forenses, no cumplen con la posibilidad de darle certidumbre, y garantías de justicia y de reparación a las víctimas y que todo esto constituye una denegación de justicia, y una denegación de la responsabilidad del estado respecto a la integridad de Fernando Albán que fue asesinado en custodia del Sebin”.
Por otra parte, enfatizó que este informe recomienda a la Corte Penal Internacional que profundice su investigación sobre la violación de DDHH en Venezuela, y que además le dé una importancia superior al rol que pueden jugar en la reparación de la justicia para las víctimas, Añadió que ante la ausencia de buena investigación de la CPI, este tipo de investigaciones “pormenorizadas, detalladas”, ayuda a sustanciar los expedientes y que parte de la información y sustanciación que hagan que la CPI “se mueva”.
Además siguiere a los países que inicien la investigación para la determinación de la responsabilidad penal y el enjuiciamiento de las personas señaladas en el informe con responsabilidad en la cadena de mando y decisiones.
“Esto permite que vayamos más allá del tema diplomático o económico de las sanciones , permite escalar y que las investigaciones y acusaciones de los países tengan ahora un fundamento en una necesidad de investigación penal y de delitos contra la humanidad”.
Acerca de las recientes liberaciones de los presos políticos y otros privados ilegalmente de su libertad, Pizarro expresó que es una práctica común cuando el régimen aprecia este tipo de investigaciones sobre DDHH, y recordó que el año pasado en la víspera de la visita de la alta Comisionada a nuestro país, se produjeron varias liberaciones.
“Es una práctica que el régimen ha venido haciendo cada vez que tocan informes o exámenes de este tipo en los organismos de derechos humanos o humanitarios de Naciones Unidas. Además, hay una segunda estrategia del régimen de intentar venderse como demócratas como reflexivos, como una dictadura que ha dejado de ser tan dura y que está dispuesta a ofrecer supuestas condiciones electorales, a liberar presos, a perdonar dirigentes políticos judicializados, todo esto para intentar construir un ambiente de reconocimiento, de legitimidad y de acompañamiento tanto del fraude electoral como en sus políticas a lo interno”.
Por último Pizarro indicó que este informe grafica el patrón y la conducta del estado en los últimos años, y da una radiografía más clara de que tipo de a qué tipo de régimen se enfrenta el país y cuáles son las herramientas que los mantienen en el poder.
“Maduro en general, el régimen ha hecho caso omiso de las recomendaciones anteriores, el régimen es una dictadura de nuevo tipo que apalanca su poder en el uso de la represión y en el abuso de las instituciones y organismos de seguridad. Nosotros no tenemos ninguna esperanza de que esas recomendaciones sean acatadas por Maduro, al final nosotros tenemos muy claro que parte de las razones que nos llevan a luchar por el cambio político en Venezuela están sustentadas en esta violación de DDHH y en la emergencia humanitaria”.