Fueron dos golpes nobles de la Comunidad Internacional que pusieron al desnudo de nuevo el carácter tiránico y al margen de la ley del régimen chavista.
Uno, el Informe de la Misión Internacional Independiente para la determinación de hechos sobre Venezuela, creada por las Naciones Unidas. Y otro, la declaración del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea.
Dicho Informe se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019.
Su contenido no puede ser más espeluznante, deplorable, desgarrador, en tanto que ciudadanos de este país del que hemos estado orgullosos por muchas razones.
Aunque ya conocíamos, total o parcialmente, muchos episodios de los allí expuestos, no deja de ser perturbador y alarmante para cualquiera que tenga una pizca de sensibilidad humana.
Informes anteriores de la doctora Michelle Bachelet ya habían asomado ese horror, ese “imperio del terror que sufre Venezuela”, como dice el periodista Daniel Lozano, y que ahora la Misión corrobora y amplía señalando responsables concretos de las múltiples violaciones a los DDHH cometidas por la tiranía chavista.
El Informe no habla de hechos aislados, asevera que ha habido coordinación y planificación en la comisión sistemática de tales crímenes, por funcionarios de seguridad civiles y militares siguiendo órdenes de autoridades superiores, quienes estarían al corriente de esas barbaridades.
La calificación de tales delitos como de lesa humanidad es otro grave señalamiento del Informe, y se pide que sean investigados por las autoridades competentes, no solo las nacionales sino también las internacionales.
Sin duda, este trabajo en detalle demoledor, constituye un duro golpe al gobierno usurpador, sobre todo, en momentos en que desesperadamente anda buscando, mediante sus trampas y argucias, poner en escena unas elecciones fraudulentas, pretendiendo así, lavarse la cara ante el mundo.
Este sainete electoral –y aquí viene la segunda noticia- ha recibido también un duro golpe de parte del Grupo Internacional de Contacto (GIC) en donde juega papel importante la Unión Europea.
Este Grupo ha dicho que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas” y exige que todos los presos políticos deben ser liberados inmediata e incondicionalmente. Para el Grupo, la necesaria eliminación de todos los obstáculos a la participación política, implica “respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, el cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de los líderes políticos, el pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad política, actualización integral del padrón electoral, incluyendo a votantes jóvenes y venezolanos en el exterior, y un CNE independiente y equilibrado, y participación igualitaria y acceso irrestricto a todos los medios”.
Para cualquier observador internacional, sea gobierno o no, tales señalamientos no pueden ser soslayados a la hora de una evaluación del régimen chavista y sus iniciativas.
Los horrendos crímenes denunciados por el Informe de marras y las arbitrariedades evidenciadas por el GIC abonan la idea de la necesidad perentoria de que los tiranos venezolanos salgan de escena y den paso a un gobierno de transición o emergencia, mediante una fórmula de negociación consensuada y efectiva, o un alejamiento voluntario de quienes están en Miraflores.
La situación económico-social agravada por la pandemia y sus preocupantes perspectivas en el corto y mediano plazo, exigen soluciones definitivas y viables que impliquen los menores costos posibles para nuestra sociedad.
Está claro lo que busca la tiranía con su farsa electoral. Eso no resolverá nuestra crisis, sino que la prolongará y agravará.
Como medida previa, se debería comenzar por aplazar el proceso electoral montado por el régimen, de manera que se abra un espacio para la negociación necesaria, que conduzca a un camino de recuperación de las libertades, la democracia y la prosperidad, con un gobierno distinto. Lo contrario es prolongar nuestra desventura.