La crudeza de los contenidos del informe de la misión de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el cual se acusa al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, añade vigor al frente internacional de presión al régimen bolivariano. En las entrañas del Palacio de Miraflores, de momento, reina el silencio con la salvedad del rechazo manifestado por el canciller, Jorge Arreaza.
ALONSO MOLEIRO || EL PAÍS
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Maduro “tomarse muy en serio” lo que esta investigación plantea. El subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó que “el reporte horroriza”. El Grupo Internacional de Contacto ha declarado que respalda el estudio de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno de España, a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, calificó el contenido como “preocupante”. Y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace propias las conclusiones de la misión de verificación de Naciones Unidas.
El presidente encargado Juan Guaidó también se refirió al informe al repasar el trabajo de las fuerzas contrarias al chavismo y de la Asamblea Nacional para denunciar los abusos de las autoridades. Calificó de “insólito” que Maduro siga ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en este mismo momento.
Ni el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino; ni el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; ni el propio Maduro, tres de los dirigentes del chavismo señalados de manera expresa en la investigación de la ONU, han respondido al informe. Tampoco el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, conocido activista de derechos humanos en Venezuela años atrás. Diosdado Cabello, número dos del régimen, comentó en su programa de televisión que aquella iniciativa “fue pagada” para perjudicar al país.
Solo Jorge Arreaza ha publicado un comunicado en el cual rechaza “un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por Gobiernos subordinados a Washington”.
La onda expansiva con las consecuencias del informe de Naciones Unidas comienza a sentirse en el debate político y electoral del país. El régimen de Maduro, que estos días habla con frecuencia de diálogo, democracia y paz, ha colocado sus esperanzas en que unas elecciones parlamentarias aparentemente multipartidistas y abiertas le devuelvan legitimidad institucional y descomprima el duro efecto de las sanciones internacionales sobre la economía venezolana. Para ello cuenta con el apoyo irrestricto de los pequeños partidos moderados de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, conocida coloquialmente como “la mesita”, decididos a postularse a todo evento en las cuestionadas elecciones de diciembre.
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