Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde. Más de 4.000 millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de venezolanos figuran en la filtración de los FinCEN Files y 70% de ellas están vinculada a entes del Estado. El proyecto internacional de periodismo de investigación, del que Armando.info es parte, encontró que la complicidad bancaria, de pequeñas instituciones en paraísos offshore y de las grandes firmas globales, ha permitido el saqueo de la que fue la nación más rica de América Latina.
Por Sasha Chavkin / Patricia Marcano / armando.info
Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama.
A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una vivienda social en San Francisco de Yare, localidad en el estado Miranda, a unos 75 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están estampados los ojos vigilantes del ex presidente Hugo Chávez.
Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, explicó. “No podemos andar comprando a cada rato”.
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país.
Poderosos hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, participaron en el desastre. Los movimientos bancarios de algunos de los llamados boliburgueses aparecen en una muestra de reportes confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios más, incluido Armando.info. La filtración devela el rastro del dinero saqueado del erario público y suma piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del país, mientras la economía se derrumbaba.
La filtración, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En los reportes aparece, por ejemplo, Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con cercanas conexiones gubernamentales. El empresario envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción del edificio en el que vive Ramírez, que forma parte de la Gran Misión Vivienda, el programa social por el cual el gobierno venezolano asegura haber construido millones de viviendas que asignó a familias pobres.
Ceballos es uno de al menos siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen reflejados en los documentos que integran los FinCEN Files. Se trata de hombres de negocios, famosos por su amor hacia los relojes Rolex y las carreras de caballos, que viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.
Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Otras filtraciones ya habían revelado que bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Bär Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, en operaciones que los documentos de la FinCEN y otros reportes ahora confirman como sospechosas.
El Banco Espirito Santo (BES) —el más importante de Portugal y que fue disuelto luego de quebrar en 2014— movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadounidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las instituciones del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files haciendo enormes pagos a las empresas de Ceballos —a través de una empresa de papel registrada en Londres— destacaban la petrolera estatal Pdvsa y la Misión Che Guevara, un programa de empleo adscrito al Ministerio para las Comunas y Protección Social.
Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos corresponsales”, un papel de intermediario por el que los bancos transnacionales conectan entidades más pequeñas al sistema financiero global.
Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ de los SAR incluidos en la muestra obtenida por Buzzfeed News. Cerca de 70% de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la estatal petrolera, como protagonista.
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