China está apartando de sus tierras a un número cada vez mayor de trabajadores rurales tibetanos para llevarlos a centros de formación de tipo militar recientemente construidos, donde se convierten en trabajadores industriales, a semejanza de un programa desarrollado en la región occidental de Xinjiang que grupos de defensa de los derechos humanos califican de trabajos forzados.
Pekín ha establecido cuotas para la transferencia masiva de trabajadores rurales a otros lugares del Tíbet y a otras partes de China, según más de cien artículos de medios de comunicación estatales, documentos de las oficinas gubernamentales en el Tíbet y procuraciones publicadas entre 2016 y 2020 a las que ha tenido acceso Reuters. La medida de las cuotas supone una rápida expansión de una iniciativa puesta en marcha para proporcionar trabajadores leales a la industria china.
Una publicación en el sitio web del gobierno regional del Tíbet del mes pasado informó de que más de medio millón de personas fueron formadas como parte del proyecto en los primeros siete meses de 2020, alrededor del 15% de la población de la región. De este total, casi 50.000 han sido transferidos a puestos de trabajo dentro del Tíbet y varios miles han sido enviados a otras partes de China. Muchos terminan en trabajos poco remunerados, incluyendo la fabricación de textiles, la construcción y la agricultura.
“Este es ahora, en mi opinión, el ataque más fuerte, claro y directo contra los medios de vida tradicionales tibetanos que hemos visto casi desde la Revolución Cultural” de entre 1966 y 1976, dijo Adrian Zenz, investigador independiente del Tíbet y Xinjiang, que compiló las principales conclusiones sobre el programa. Estas conclusiones se detallan en un informe publicado esta semana por la Fundación Jamestown, un instituto con sede en Washington D. C. que se centra en cuestiones políticas de importancia estratégica para EEUU. “Es un cambio forzoso desde un estilo de vida basado en el nomadismo y la agricultura hacia el trabajo asalariado”.
Reuters corroboró los hallazgos de Zenz y encontró documentos políticos adicionales, informes corporativos, diligencias e informaciones de medios de comunicación estatales que describen el programa.
En una declaración a Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó rotundamente las acusaciones de trabajos forzados, y dijo que China es un país con un Estado de derecho y que los trabajadores son voluntarios y debidamente compensados.
“Lo que estas personas con motivos ocultos llaman ‘trabajos forzados’ simplemente no existe. Esperamos que la comunidad internacional distinga el bien del mal, respete los hechos y no se deje engañar por las mentiras”, dijo.
El traslado del excedente de mano de obra rural a la industria es una parte clave del plan de China para impulsar la economía y reducir la pobreza. Pero en zonas como Xinjiang y el Tíbet, con grandes poblaciones étnicas y una historia de disturbios, los grupos de derechos humanos dicen que los programas incluyen un énfasis excesivo en la formación ideológica. Y las cuotas del Gobierno y la gestión de tipo militar, dicen, sugieren que los traslados tienen elementos coercitivos.
China tomó el control del Tíbet después de que las tropas chinas entraran en la región en 1950, en lo que Pekín llama una “liberación pacífica”. Desde entonces, el Tíbet se ha convertido en una de las zonas más restringidas y sensibles del país.
El programa tibetano se está expandiendo a medida que aumenta la presión internacional sobre proyectos similares en Xinjiang, algunos de los cuales han sido vinculados a centros de detención masiva. Un informe de las Naciones Unidas ha estimado que alrededor de un millón de personas en Xinjiang, en su mayoría de la etnia uigur, fueron detenidas en campos y sometidas a programas de reeducación ideológica. China negó en un primer momento la existencia de los campos de reeducación, pero posteriormente ha dicho que son centros vocacionales y de educación, y que todas las personas se han “graduado”.
Reuters no pudo determinar las condiciones de los trabajadores tibetanos trasladados. A los periodistas extranjeros no se les permite entrar en la región, y a los demás ciudadanos extranjeros sólo se les permite hacer viajes aprobados por el Gobierno.
Reuters