Pobladores de Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo del estado Monagas, marcharon este miércoles 23 de septiembre por la calle principal del pueblo para denunciar asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas Especiales (FAES).
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
El ajusticiamiento de los jóvenes José Enrique González, de 23 años, y Johandris Blanco, de 24 años, por efectivos de las FAES la madrugada del 7 de septiembre, detonó la protesta.
De acuerdo con sus familiares, a las 4:00 de la mañana una comisión de las FAES tumbó la puerta principal de la casa de José Enrique, mientras él y su compañero de trabajo y cuñado, Johandris, dormían. Los funcionarios desnudaron a los jóvenes, los pusieron de rodillas con manos en la cabeza y luego les dispararon en el pecho y el estómago.
Los dolientes sostienen que luego de matarlos, los funcionarios limpiaron las evidencias, sembraron armamento en el lugar, robaron el dinero y la mercancía de los comerciantes y alegaron que hubo un enfrentamiento. “Ellos tiraron las evidencias en la laguna de la casa, mataron a dos muchachos inocentes, los golpearon. Queremos que esto no vuelva a pasar”, expresó Zulay Páez, madre de José Enrique.
Ni la Fiscalía, ni la Alcaldía del municipio Sotillo han emitido declaraciones al respecto pese a las denuncias de los parientes de los fallecidos.
Floreannys Blanco, esposa de José Enrique y hermana de Johandris, fue testigo principal de la escena. A la mujer la sacaron a la fuerza de su hogar junto a su hijo de un año, vio cómo su hermano y esposo se arrodillaron en el pasillo, que da al salón principal de la casa, y en cinco minutos escuchó los cuatro disparos y vio a ambos hombres desplomarse en el suelo.
Los cuerpos fueron trasladados sin signos vitales hasta el Hospital Dr. Tulio López Ramírez.
“Yo necesito que se hagan averiguaciones, que se respeten nuestros derechos humanos. Se robaron todo, y después salen diciendo que hubo un enfrentamiento. Queremos justicia por los que murieron, y por los que quedan. Aquí nadie dijo nada, nadie hizo nada, nadie vino a investigar. FAES vino, hizo lo que hizo y así se quedó. Ya no puedo vivir ahí, ahí fue donde los mataron”, afirmó Blanco llorando.
“Ya no me lo van a devolver”
La familia de ambos jóvenes exige que se abra una investigación del caso.
“Ya no me lo van a devolver, no me van a devolver a mi hijo, pero queremos justicia para que esto no siga pasando. Si ellos no nos dan respuesta, iremos a donde sea, pero queremos justicia”, reiteró la madre de José Enrique.
No es la primera vez que esto sucede. Los habitantes testifican que hubo al menos cuatro ejecuciones extrajudiciales más en el pueblo en lo que va de año, en los sectores Simón Bolívar, Alí Primera y Cinco de Julio.
Además aseguran que ha habido intimidación y amedrentamiento hacia los comerciantes informales de la zona. “No parecen cuerpos de seguridad, parecen malandros, ¿por qué no los detuvieron y apresaron, por qué tuvieron que matarlos?”, cuestionó Páez.
José Enrique González y Johandris Blanco eran comerciantes informales desde hace más de cinco años. Vendían alimentos en el poblado y en las minas del sur del estado Bolívar.
“Le hacemos un llamado a la Fiscalía, a que nos visiten, pregunten, investiguen qué fue lo que sucedió porque es mentira que fue un enfrentamiento, ellos estaban durmiendo “, expresó Wilmer Medina, padre de Johandris y suegro de José Enrique.
Wilmer y los jóvenes tenían planes de viajar dentro de dos días hacia los caños del Delta del Orinoco a comprar pescado para comerciar. “Ellos siempre han viajado conmigo, eran mis dos compañeros de trabajo, y me los mataron”, lamentó Medina.
“No podemos denunciar porque nos matan”
Con carteles y globos el pueblo marchó y clamaron por justicia por la apertura de una investigación y también por el cese de los amedrentamientos de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, entre enero y abril 2020 murieron en ejecuciones extrajudiciales al menos 14 personas en Monagas; 85% de los asesinatos fue perpetrado por las FAES.
En el informe 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -tras la documentación de casos de violación de derechos humanos-, se recalcó que las FAES manipulan la escena del crimen, plantan armas y drogas e incurren en actos de violencia de género y desnudez forzada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2019, también llamó a eliminar la participación de las FAES en actividades de seguridad ciudadana.
“No es justo que esto esté pasando en este pueblo porque las FAES, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) vienen a atropellarnos y matarnos como perros. Nosotros somos seres humanos que merecemos libertad, no ser masacrados”, protestó Graciela Páez, la tía de José Enrique.
La mujer informó que los cuerpos de seguridad amenazan con frecuencia a quienes deciden reclamar. El pueblo se siente inseguro ante la arbitrariedad de los efectivos de seguridad. “Esto duele inmensamente. La muerte de mi sobrino no puede quedar impune. Tengo un dolor tan grande que nunca voy a superar, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta zozobra? no podemos estar tranquilos en nuestras casas y nuestros hijos tampoco”, dijo.
El informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta al Estado venezolano a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad y pidió la desarticulación de las FAES y la rendición de cuentas de miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron ajusticiamientos.
La misión investigó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las FAES y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En las entrevistas, los funcionarios de estos cuerpos de seguridad admitieron que es una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos, y que los superiores autorizaban a los funcionarios para matar, lo que sucede en casos como el asesinato de José Enrique y Johandris.
De acuerdo con la ONU, Venezuela tiene una de las tasas más altas de asesinatos cometidos por agentes del Estado de toda la región de América Latina.