La semana pasada, con ocasión de la 75° Asamblea General de la ONU, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a la comunidad internacional, y específicamente a los 59 países que lo reconocen, la ayuda para proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad que cometen Nicolás Maduro y sus compinches internos, de acuerdo con el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU. Asimismo, dijo Guaidó que, luego de agotarse la vía diplomática, “llegó el momento de acciones oportunas y decisivas”.
Guaidó pidió la “responsabilidad de proteger” o R2P de la Naciones Unidas, por lo que los gobiernos democráticos que lo reconocen tendrían un deber moral de acudir a este llamado que puede revestir un carácter de intervención, sanción y uso de la fuerza.
Además, los instó a proceder juntos –por ejemplo: Alemania, Reino Unido, Polonia, Grecia, Francia, Dinamarca, Estonia, Croacia– para denunciar a Nicolás Maduro y sus secuaces ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela. De la misma forma que lo hicieron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú con el Informe de la OEA sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela hace dos años.
Al dar los países europeos este paso, sumarían más evidencia a los documentos aportados por la OEA, la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Instituto Casla. Esto contribuiría a establecer la conclusión en la Fiscalía General de la CPI de que se cumplen con los criterios para la apertura de la investigación. Una decisión que colocaría al heredero de Hugo Chávez y sus compinches internos en una situación muy difícil para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, palizas, descargas eléctricas en genitales, y asfixia, entre otros.
Desde la semana pasada varias entidades del país, como Distrito Capital, Miranda, Sucre, Lara, Yaracuy, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Bolívar, empezaron a registrar protestas espontáneas y generalizadas, cada vez más firmes, contra las graves fallas de los servicios públicos (agua y electricidad), la falta de gasolina y gas y el alto costo de la vida. El Observatorio de Conflictos documentó 76 protestas en 19 de los 23 estados del país solo este lunes.
La respuesta del régimen de Maduro ha sido la represión en los epicentros del descontento social, violando el derecho a manifestar de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución venezolana. Es decir, Maduro y sus compinches ignoran los señalamientos de criminales de lesa humanidad presentados por la Misión de la ONU la semana pasada.
El obispo de San Felipe, monseñor Víctor Hugo Basabe, denunció este sábado 26 de septiembre crímenes de lesa humanidad contra los habitantes del estado Yaracuy como lo hacían los nazis contra los judíos, amenazando a quienes participen en las protestas. Asimismo, denunció a través de su cuenta twitter que “continúan redadas en Yaracuy contra los pueblos que han protestado. Persiguen, además, a todos los miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos”.
Si los señalados como criminales de lesa humanidad en Venezuela –según la Misión de las Naciones Unidas– piensan controlar la violencia generalizada de un pueblo indignado por la miseria en la que vive con una brutal represión como ocurrió en 2014 y 2017, van a crear las condiciones para el uso de la fuerza por parte de la comunidad internacional –los países que reconocen al gobierno interino–, utilizando la doctrina de responsabilidad de proteger como una norma del derecho internacional.
Por supuesto, Maduro y sus compinches suponen que la aplicación de la R2P debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en este órgano tanto Rusia como China, miembros permanentes, vetarían una resolución en ese sentido. Esto les daría a los criminales de lesa humanidad venezolanos una patente de corso para seguir reprimiendo a la población civil indefensa que protesta. Algo similar, aunque más grave, a lo ocurrido en Siria con el apoyo de Vladimir Putin a Bashar al-Assad en el 2017.
Sin embargo, en el caso de inacción del Consejo de Seguridad sobre la aplicación de R2P en Venezuela podría evaluarse la intervención militar de una organización regional o subregional, en virtud del capítulo VIII de la Carta de la ONU. Aún más, si esta opción tampoco funciona cabría la iniciativa de que los Estados interesados recurran a otros medios para hacer frente a la gravedad y urgencia de la situación.
La actitud empecinada de los criminales de lesa humanidad en trancar la solución pacífica a la profunda crisis que atraviesa Venezuela obligará a los gobiernos democráticos que reconocen el interinato a evaluar más sanciones, la necesidad de intervención y el uso de la fuerza, aplicando la doctrina de Responsabilidad de Proteger.