La versión preliminar de la legislación presentada por Nicolás Maduro el martes abre la puerta a una mayor inversión privada en la economía del país, lo que podría deshacer décadas de intervención estatal.
Por Nicolle Yapur y Fabiola Zerpa | Bloomberg.com
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
El texto de la ley “anti-bloqueo” describe al ejecutivo como quien tiene el poder de modificar la propiedad y administración de empresas públicas y empresas mixtas, según un borrador visto por Bloomberg.
Eso podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en Petróleos de Venezuela y el sector de hidrocarburos, el cual ha visto caer la producción como resultado de la debacle de los precios del crudo, la mala gestión, los sobornos y las sanciones. La inversión extranjera en el sector petrolero de la nación se ha limitado al 49% desde 2006.
“Esto podría abrir la puerta para que el Estado entregue la administración de PDVSA e incluso la propiedad de las refinerías a Irán, por ejemplo”, dijo el legislador Ángel Alvarado, miembro del comité de finanzas de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley que se está considerando está ante la llamada Convención Constitucional, el cuerpo legislativo del presidente encargado, Juan Guaidó, al que muchos países consideran ilegítimo. El borrador de la versión está siendo analizado por la comisión de economía del organismo y podría aprobarse la próxima semana, según un legislador que pidió no ser identificado ya que no están autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.
PDVSA y el “ministerio” chavista de Petróleo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La ley también abre la posibilidad de devolver a decenas de empresas expropiadas, desde fabricantes de jabón hasta productores de aceite de cocina, a sus dueños anteriores después de que la mayoría cayera en ruinas desde que el régimen chavista se hizo cargo de ellas. Los antiguos propietarios, algunos de los cuales han demandado a Venezuela en tribunales internacionales para recuperar miles de millones en inversiones perdidas, deberían aceptar restaurar rápidamente la producción, dice el proyecto de ley.
Si bien Maduro culpa de los problemas de la nación a un “bloqueo financiero” y sabotaje por parte de líderes empresariales y opositores políticos, la devastación económica de Venezuela es el resultado de una mezcla tóxica de intervención estatal, subsidios, controles monetarios y de precios. Actualmente en su séptimo año consecutivo de recesión, se pronostica que la economía se contraerá otro 20% este año en medio de la pandemia y el colapso de los ingresos petroleros. La inflación anual se estima en 2.400%.
Otro artículo de la ley podría permitir la eliminación de restricciones al comercio de ciertos bienes estratégicos. Esto podría eliminar las restricciones de larga data sobre el comercio de combustibles, permitiendo a las empresas privadas importar y distribuir gasolina. La creciente escasez ha paralizado gran parte de la economía en los últimos meses y ha provocado protestas en todo el país, ya que las sanciones estadounidenses han exacerbado lo que alguna vez fue escasez esporádica.
La desesperada necesidad de combustible ha intensificado las protestas en todo el país en las últimas semanas, y el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales registró hasta 70 protestas en 15 estados tan solo el pasado lunes.