Dentro de 13 días María Fernanda Coronado, de 20 años de edad, debería comenzar a cursar el tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Pero no sabe si podrá iniciarlo.
CARMEN VICTORIA INOJOSA || CRÓNICA UNO
María Fernanda tiene una ayuda económica que le otorgó la UCAB desde que comenzó a estudiar. Esta beca le exonera 60 % de la matrícula. El 40 % restante corre por su cuenta. El 16 de octubre vence el plazo para pagarlo, de no hacerlo, le eliminarían las materias del sistema o el profesor no podría cargar sus notas.
“De verdad que ha sido bastante difícil reunir el dinero, a pesar de que tengo una beca”, dice. La unidad de crédito cuesta 2,3 millones de bolívares. María Fernanda inscribió 27, serían 62,1 millones de bolívares. Eso es lo que cuesta un mes en la universidad, ese monto se debe pagar en octubre, noviembre y diciembre, además de la inscripción; otras 7,5 unidades de créditos. En enero serán otros montos para los meses que quedan del semestre. Aun con la exoneración, le hacen falta unos 200 dólares para completar su inscripción y parte de la matrícula.
Ya en el semestre anterior que cursó, comenzó en marzo y terminó en julio, le fue difícil conseguir el dinero. Justo al inicio de la cuarentena por el COVID-19 en marzo, su mamá se quedó sin trabajo, era supervisora de un supermercado y la empresa hizo reducción de personal. Su padrastro cubre los gastos del hogar, no quedan recursos para la matrícula. Para entonces, una amiga que vive en el exterior la ayudó a pagar el último día del plazo.
“Tengo miedo. Pero es un tema que se escapa de mis manos. Lo que yo más quiero es mi título. Si no sigo estudiando no es porque no quiera, es porque no puedo”, dice María Fernanda. De no poder continuar, lo intentará el próximo semestre. “Y así hasta que logre graduarme”.
La pérdida de la capacidad de pago de las familias ha estrechado su participación en la educación privada. Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) revelan que la población escolarizada, de 18 a 24 años de edad, en instituciones privadas, cayó a 21 % en 2019. En 2017 ese porcentaje era 34 %.
Las universidades privadas consultadas reconocen el deterioro en el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, no tienen un reporte atípico de estudiantes retirados por razones económicas. La Universidad Metropolitana (Unimet), la Universidad Monteávila (UMA) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), coinciden en que los estudiantes salen por bajo desempeño académico o reglamento de permanencia, migración y, en algunos casos, situación económica. Entre los indicadores estadísticos de estas instituciones, no hay cifras concretas sobre cuántos estudiantes han dejado de inscribirse por no tener cómo pagar.
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