ALTO ADVIERTE BORRELL
El representante de la Unión Europea enfatizó que dada la negativa del gobierno a retrasar las elecciones parlamentarias, no será posible garantizar “un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis”.
Más allá del aspecto político, Borrell manifestó su preocupación por el agravamiento de las condiciones de vida de los venezolanos. “La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego, nosotros estamos en contra de las soluciones militares”.
EL FRENTE UNIDO
Lo integran la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Vaticano. Están de acuerdo en seguir presionando a Maduro. No pueden aceptar esa írrita convocatoria. Reiteraron que no serían reconocidos esos resultados así se molesten los jerarcas rojo-rojitos y los bien comprados diputados de la cuestionada “asambleíta” (de los que siguen apareciendo fotos cargados de bolsas de compras en tiendas como Façonnable donde las camisas cuestan de 125 a 220 €uros y cuyas cajas destacan en su “caída y mesa limpia”).
Los enviados de Borrell ofrecieron, de concretarse el traslado de los comicios para el primer semestre de 2021, conseguirle algunas líneas de crédito al régimen (dictatorial y nada democrático y por eso las trabas en los centros financieros) para algunas inversiones, apoyos e insumos habida cuenta de que nada que tenga que ver con medicinas y alimentos está bajo embargo, cuestionado o prohibido.
La campaña madurista acusa a las “potencias imperiales” de ser culpables de la falta de esos rubros. El régimen sigue extrayendo y vendiendo en el exterior el “oro ensangrentado” de Guayana. Fue el mismo gobierno de Irán quien expresó públicamente que las compras de gasolina se hacían con barras de oro llevadas en aviones contratados.
Igualmente ha vendido algún petróleo en pocas cantidades antes de que se deteriorara esa producción con las transnacionales asignadas en los campos. Lo ilegal sigue nutriendo las arcas del BCV. Y no hay cuentas que rendir.
¿ELECCIONES 2021?
Tanto en mis programas por @circuitoonda y por @vivoplay como por twitter, desde el pasado 22 de septiembre hasta el 30 del mismo mes estuve revelando -en adelanto- las condiciones exigidas por la Unión Europea para enviar su misión de observación a las elecciones que Maduro pretendió convocar unilateralmente para el próximo 6 de diciembre.
La Unión Europea reiteró con sus dos enviados (maltratados según la prensa española al dejarlos esperando en las horas convenidas para sus citas y exigiéndoles certificados de sus pruebas PCR negativas de Covid-19 en cada reunión) que son necesarios por lo menos 5 meses de anticipación para coordinar lo necesario en los aspectos técnicos del evento y el mismo lapso en el campo político.
Recomiendan cierto acomodo de algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral designado por el ilegítimo Tribunal Supremo -y no por la Asamblea Nacional- lo que de hecho sería un reconocimiento tácito a tremenda ilegalidad. Sus propias acciones al anunciar desde ya el desmontaje de la ilegítima “Asamblea Constituyente” comprueban que esta solo fue una mentirosa escaramuza para mantener a 545 miembros de la causa roja-rojita enchufados al pago mensual de un alto salario (con groseras diferencias entre las distintas “castas” del madurismo-chavismo). Todo, para levantar la mano y aprobar todo tipo de ilegalidades y absurdos para blindarle a Maduro los atropellos y mentiras sobre los que se montó con ese aval desde 2017.
Las discusiones a lo interno del PSUV mostraron la terquedad de Diosdado Cabello, el-Aissami y Cilia Flores para mover la fecha decembrina. Mientras que los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, han estado claros en que si no hay reconocimiento de la elección del 6D por la Unión Europea, la ONU y el Vaticano, las consideraciones y presiones sobre Venezuela empeorarán, mientras han estado esperando que la sindéresis los ilumine.
La misión estuvo encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño. La petición europea exigió ciertos acomodos en el CNE, la revisión de la base de datos, el cese del robo de los partidos a sus dirigentes tradicionales, el apresto de las máquinas que reemplazarán a las que “se quemaron en Mariches” y de las que “ni se habla”. Por el lado de los Rodríguez, con cada vez más fuerza dentro de Miraflores, se piensa en un acuerdo que garantice la “aceptación internacional” del resultado electoral. Están contestes en que sin la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Vaticano reconociéndolo, no pueden abrir un ambiente favorable al régimen o a esos sufragios.
La reunión con el nuncio Giordano giró en torno a esos puntos. La conversa fue muy clara en cuanto a la actitud a seguir si no se cumplen esas peticiones de los tres entes más importantes para certificar el evento electoral. Allí también se habló de: robo de los partidos políticos y sus emblemas y tarjetas, las garantías, el padrón electoral, la actualización del sistema cuando las maquinas incendiadas aún no han sido reemplazadas y, para rematar, la actual pandemia que no tiene fecha de límite, que complica aun más el cuadro de irregularidades.
El Poder Electoral había definido que entre septiembre y diciembre se haría la mayor parte de las auditorías pero, sin previo aviso, publicó en su página web que ahora será de octubre en adelante. Es decir cada día cambian las “reglas de juego” o mejor las llamamos de una vez por todas “las trampas en juego”…
MEDIO ¿RASPAR LA OLLA?
Es lo que entiendo tras mi experiencia leyendo, conociendo y compartiendo documentos públicos por más de 50 años en el ejercicio de mi amada profesión. El propósito o intención de “raspar la olla” -es decir, lo que queda- persiste luego de leerme dos veces el adefesio que el régimen de Nicolás Maduro le ha presentado al país como “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos.” (Lo de DD. HH. pretendiendo ampararse en ellos tras la debacle con el Informe Bachelet).
Un documento que lanza al cesto de la basura los ahora anacrónicos planes de desarrollo propuestos y aprobados por Hugo Chávez Frías (¿recuerdan que él mismo se ufanaba de haberlos escrito de su puño y letra?). Un documento en el cual sus autores conciben a nuestra Venezuela como una sociedad primitiva, en la cual solo una cúpula –para este caso, el elenco rojo rojito de enchufados, amigos extranjeros y uniformados de verde o blanco– que solo tienen en común el haber manejado la riqueza nacional durante 21 años en forma exclusiva y excluyente y ahora, que se acaba, que se agota, pues coinciden ellos en “raspar la olla.”
Sus registros y documentos no pueden y jamás serán objeto de contraloría, seguimiento y análisis no por el poder legislativo, sino por nadie. El distinguido abogado y experto Juan Manuel Raffalli precisa en su autopsia de este monstruoso documento la creación de una especie de “cuarto oscuro” para el manejo de los dineros del estado. Nada de leyes que nos limiten. Nada de contraloría que promueva bajos costos. Ninguna licitación que ofrezca igualdad de operatividades.
Apartando toda la neolengua a la que nos tiene acostumbrado el chavismo-madurismo, para falsamente identificarse con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, al terminar de leer este texto la sensación que me queda no es que el mismo refleja los intereses de alguien que es arbitrario, es estatista, es comunista. No, es algo más allá de eso.
Es como si una banda de rudos delincuentes ha llegado a tal nivel de desesperación que emite una declaración final en la cual precisa que se juegan la vida en su intención de robarse todos los dineros del último banco de la comarca. Sí, puede que suene a película, pero es más que una película, como bien lo definió el destacado jurista Allan Brewer Carias, quien con gran precisión nos señala que estamos ante una “monstruosidad jurídica”, en la cual decisiones administrativas disfrazadas de supuestas leyes tendrían vigencia y valor así contradigan leyes orgánicas o la propia Constitución.
Esta propuesta de “raspar la olla” también nos sorprende cuando afirma y reafirma contradicciones a la doctrina y antecedentes del ahora olvidado “Socialismo del siglo XXI”, pues Maduro y su banda de amigos extranjeros y operadores financieros nacionales ven en la Asamblea Nacional Constituyente una opción para su supuesta validación. La misma que crearon ilegalmente y, dicen, eliminarán cuando anuncian elecciones. Olvidan que esa instancia es desconocida por los países que innovan, producen en grande, tienen compromisos con las telecomunicaciones, la biotecnología, la robótica, el medio ambiente, las instituciones financieras internacionales, los derechos humanos.
Por ello, si se insiste en este trasnochado documento, mi parecer es que será doblemente rechazado en la comunidad mundial: írrito per se y arropado por una instancia que no es reconocida internacionalmente. ¿Cuál será el gran banco de inversión, la reconocida petrolera mundial, el gran productor de granos, la experta hidroeléctrica que se va a atrever a poner el nombre de sus directivos en estos archivos secretos, en estos opacos procedimientos y asignaciones basadas en el favoritismo y la coima?
A quienes le asignaron la responsabilidad del borrador a múltiples manos de este proyecto, de verdad que sufren de grave crisis de memoria. Nos hablan de “privatizaciones” y “desnacionalizaciones” sin preguntarse por qué durante todos estos años nacionalizaron, estatizaron, amenazaron, invadieron o destruyeron a troche y moche la cuarta economía más grande de toda Latinoamérica, llevándola a ocupar la posición de fondo en nuestro continente, amén de provocar y mantener el proceso hiperinflacionario más grande del hemisferio occidental.
¿Se habrán acordado de los “Planes de la Patria”, de la “Venezuela Potencia”, de los “14 motores de la reactivación”, de los innumerables planes de esa fulana “reactivación” de Maduro, de la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA? Las ahora frágiles pero aun activas instituciones representativas del sector empresarial venezolano tienen por delante un histórico momento: ver quiénes sí y quiénes no encuentran en esta “Ley para Raspar la Olla” una oportunidad para poner lo que queda de sus empresas y sus nombres en ese archivo, en esos procedimientos y asignaciones en lo que solo la élite política incompetente ofrece como falsa oportunidad para trabajar por el país.
A los fines de encontrar respuesta, vino a mi mente el escrito de nuestro respetado pensador y diplomático Sadio Garavini di Turno, quien el año pasado nos brindó una precisa y contundente definición, muy oportuna para incorporarla a este último esfuerzo por raspar la olla de los venezolanos:
“…El filósofo político norteamericano John Rawls acuñó el término de Estado forajido (outlaw state) refiriéndose a aquellos Estados con regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, incumplen leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial, fomentan el terrorismo y amenazan la paz, tratando de expandir su poder e influencia en el exterior…”
LA ROJA LOCURA
Hasta el dogmático y profundo abogado rojo-rojito como es Luis Britto García -quien además es escritor, historiador, ensayista y dramaturgo – ha prendido las alarmas ante tal inconstitucional adefesio. El mismo Britto que declaró ilegítima cualquier constitución que quisiera implantar la tal Asamblea Nacional Constituyente de Maduro (pues “la Constitución no se puede aprobar en secreto, debemos conocerla y después sancionarla o no con nuestros votos”) lanzó un grito de alerta ante lo que considera un exabrupto.
Copio solo uno de sus análisis para que se den cuenta de la alarma que prendió en referencia a lo que pretenden aplicar con la “Desaplicación” de normas legales: “El artículo 17 del Proyecto de Ley Antibloqueo propone: “(…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”.
Tal “desaplicación” solo generaría actos nulos, conforme al principio de legalidad de los actos de los poderes públicos, enunciado en los artículos 25, 137 y 218 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que citamos a continuación:
? “Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. (…).
? Artículo 137. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. (…).
? Artículo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.
Cuando escribía estas líneas me llama una de mis fuentes del régimen y me dice: “que más podías esperar de quien redactó ese esperpento jurídico: “fue coordinado por el contralor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso que pareciera pasó por la Universidad Santa María pero que la USM no pasó por él”. “En el gobierno ya comenzaron a revirar cuando las críticas y vergüenzas salieron de adentro, del entorno de mando. Quisieron hacer una gracia, empujados por las angustias y el miedo a quedarse sin fondos para seguir su demagogia irracional y les salió una morisqueta”…
¿SIN BILLETES?
El tubazo periodístico de la agencia Bloomberg lo dio a conocer la colega Patricia Laya (@PattyLaya). Ella puntualizó que “a principios de año Venezuela recurrió a una impresora estatal en Rusia para comprar 300 millones de billetes nuevos tras acumular deudas con la tradicional empresa británica De La Rue, que es una de las mayores fabricantes de billetes bancarios del mundo, de la que el Banco Central de Venezuela había sido su cliente por décadas”.
“Otros intentos por estabilizar la moneda eliminando ceros e imprimiendo nuevos billetes han fracasado”, manifestó. “Venezuela planea introducir un nuevo billete de 100,00 bolívares (con un valor de solo $ 0.23) y está importando papel para billetes de una imprenta italiana propiedad de la firma de capital privado estadounidense Bain Capital”.
En otra demostración del contundente fracaso del régimen Chávez-Maduro explicó que la Casa de la Moneda nacional tiene una serie de obstáculos para presentar el nuevo proyecto de ley: la reducción de personal debido a la pandemia, así como la escasez de tinta y los desafíos técnicos provocados por las piezas faltantes y los frecuentes cortes de energía han retrasado los intentos de poner en funcionamiento el equipo de impresión.
Las fuentes que ella consultó le dijeron que “Venezuela seguirá luchando para imprimir billetes, ya que el reciente envío será el último de Fedrigoni, luego de cumplir con un contrato firmado en 2018, un año antes de que el BCV fuera sancionado por Estados Unidos”.