La inesperada detención en Estados Unidos por narcotráfico del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), asestó la enésima estocada al Gobierno anterior y puso en el punto de mira a las Fuerzas Armadas del país, muy defendidas por el actual mandatario.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder con la promesa de limpiar la corrupción de los Gobiernos anteriores, el arresto “es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”.
En conferencia de prensa este viernes, calificó de “lamentable” la noticia y la comparó con el arresto el año pasado también en Estados Unidos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), por recibir supuestos sobornos del narcotráfico.
“Es una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto”, dijo.
Esta detención es una muestra más del maridaje que había entre las autoridades del más alto nivel de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto con el crimen organizado”, dijo a Efe Eduardo González, profesor de relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey.
El arresto de García Luna, el jefe de la policía que habría protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, y ahora de Cienfuegos, máximo responsable del Ejército, pone totalmente en cuestión la estrategia de seguridad llevada a cabo en México durante más de una década.
Calderón inició en 2007 la guerra militar contra el narcotráfico, que recrudeció la violencia en el país, y que Peña Nieto mantuvo durante su Gobierno, aunque al parecer los cabecillas de esta estrategia tenían vínculos con el crimen organizado.
“Cienfuegos es el más alto funcionario de la Defensa detenido por estar involucrado con el crimen organizado”, subrayó González.
La captura del exsecretario, un militar de larga trayectoria recordado por rechazar la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, también pone en entredicho el prestigio de las Fuerzas Armadas, muy defendidas por López Obrador.
Por eso el presidente anunció este viernes que suspenderá a cualquier militar “involucrado” en el caso de Cienfuegos, pero defendió que escándalos de este tipo no “debilitan” al Ejército.
Con esta captura, derivada de una investigación de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), el país vecino volvió a convertirse en juez de los criminales y los políticos mexicanos de más alto nivel.
La misma corte de Nueva York que lleva el caso de Cienfuegos es la que condenó a cadena perpetua el pasado año al capo del narcotráfico Joaquín “el Chapo” Guzmán, y que tiene procesado a García Luna.
Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia, y fue capturado inesperadamente, puesto que se desconocía que estuviera bajo investigación.
El mismo López Obrador aclaró este viernes que “no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico”.
Pero confesó que hace 15 días la embajadora mexicana en Estados Unidos, Marta Bárcena, le avisó que en Washington corría información “no oficial” de una posible investigación contra el general.
“Son investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos pero sería muy ingenuo suponer que el Gobierno mexicano no sabía nada”, opinó González.
PEÑA NIETO, MÁS DESACREDITADO QUE NUNCA
Los golpes judiciales no dejan ni un respiro al expresidente Peña Nieto, quien hace dos meses vio cómo el exdirector de Pemex durante su Gobierno era extraditado a México desde España por haber recibido sobornos de Odebrecht.
Lozoya decidió colaborar con la Fiscalía y acusó al mismo Peña Nieto y a otros miembros de su entorno de comprar voluntades en el Congreso gracias al dinero de la constructora brasileña.
Pero no es la única mancha que acecha a Peña Nieto, quien terminó su mandato en 2018 con una popularidad por los suelos por las sospechas de corrupción y el caso Ayotzinapa.
La que fuera su ministra de Desarrollo, Rosario Robles, lleva encarcelada en prisión preventiva desde hace un año por desvío de recursos mediante empresas fantasma.
Y el pasado julio fue capturado por corrupción, precisamente en Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua César Duarte, una de las principales caras del renovado Partido Revolucionario Institucional (PRI), que Peña Nieto modernizó para recuperar el poder en 2012.
Unos golpes que se han sucedido sin parar durante el Gobierno de López Obrador, quien por un lado ha dicho que no busca la “venganza” contra sus predecesores pero por otro está impulsando una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si enjuiciar a los expresidentes.
El mandatario quiere que esta consulta coincida con las elecciones del próximo año, cuando está en juego su mayoría en la Cámara de Diputados.
“El Gobierno de Peña Nieto no para de acumular golpes, uno tras otro, como la detención de Duarte o la consulta contra expresidentes, que desacredita a las administraciones pasadas con la mira en las elecciones del próximo año”, concluyó González.