El castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Así se ha acordado esta tarde en la cuarta y última ponencia de la Ley Celaá que se ha celebrado en el Congreso.
Por Olga Sanmartín | elmundo.es
La enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC ha salido adelante por una mayoría de 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. Ha obtenido el respaldo de Bildu y Más País, mientras que el PP, Ciudadanos, UPN y Vox han votado en contra. Estos partidos recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional porque consideran que supone un «atropello» a los derechos fundamentales de los alumnos que atenta contra la libertad educativa.
El texto que ha sido acordado deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial y no habilita ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular de la enseñanza, como han establecido los tribunales.
“El Gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus Presupuestos”, ha expresado Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. “Los españoles no merecen pagar ese alto precio para que el presidente siga en la Moncloa”.
“La enmienda me parece gravísima y lo pararemos desde otras instituciones. Con los derechos fundamentales, señores del Gobierno, no se mercadea. Y menos si afectan a menores”, ha señalado Marta Martín, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Joaquín Robles, portavoz de Educación de Vox en la Cámara Baja, ha añadido que esta ley supone “la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos”.
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