La decisión de cobrar un impuesto a las operaciones bancarias en divisas que, en principio debe ser mayor a 2%, va a tener efectos contraproducentes, porque va a incrementar directamente los precios fijados en dólares, así como una mayor depreciación del bolívar en el mercado cambiario, aseguró el economista y director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, César Aristimuño.
Por Juan Bautista Salas / elimpulso.com
Advierte que hay que esperar la publicación de esta norma en Gaceta Oficial, porque actualmente el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) solo aplica a los contribuyentes especiales. Lo lógico es que la reforma alcance a todas las personas con cuentas en divisas en el sistema bancario nacional, sean sujetos pasivos especiales o no.
Destaca, al comentar las últimas medidas anunciadas por el gobierno en la madrugada de este miércoles, que el tributo tendrá un impacto inflacionario directo, ya que se va a trasladar a los costos de bienes y servicios. «Ahora no sólo se dispararán los precios en bolívares, sino que subirán más los precios en dólares», estimó.
Por otra parte, Aristimuño dijo que en un país donde llenar un tanque de gasolina puede llegar a costar alrededor de 40 millones de bolívares, es ahora muy probable que se produzca una nueva reconversión monetaria o un ajuste del cono actual, con la consecuente eliminación de ceros al signo monetario nacional.
De acuerdo con el economista, con los niveles de inflación actuales lo mínimo que se le tendría que eliminar a la moneda venezolana actual serían cinco ceros, a fin de asegurar un período más o menos prolongado de utilidad a una eventual reconversión.
“El problema del bolívar no se resuelve con la imposición de usarlo, encareciendo las transacciones en dólares, sino haciendo una reforma seria que restablezca, si ello aún es posible, la confianza en la moneda nacional. El bolívar perdió definitivamente sus atributos como reserva de valor -que es fundamental-, medio de pago y unidad de cuenta, por lo que las decisiones tomadas por el ejecutivo nacional, sin duda, no tendrán un efecto contractivo en los precios de la divisa”, precisa Aristimuño.
En Venezuela, más del 50% de las operaciones se realizan con dólares en efectivo, por lo que, además, el alcance del tributo es limitado, ya que se incentivarán las operaciones «over the counter», a través de mecanismos como Zelle, que no están sujetos a un tributo nacional.
“Estamos regresando a una etapa de mayor informalización de la dolarización transaccional”, apunta.
¿Objetivo fiscal?
Para el director general de Aristimuño Herrera & Asociados, la banca, los emprendedores y todos los consumidores van a resentir la decisión de aplicar un impuesto a las operaciones en divisas, pero el gobierno tendrá una nueva fuente de ingresos, cuya importancia puede ser considerable, si se toma en cuenta que más de 80% de las transacciones en esta economía se transan en divisas y donde más del 50% se pagan en efectivo.
“Hay que recordar que, en términos reales, los impuestos, especialmente el IVA, tienen una eficiencia mínima. Se ha derrumbado la tributación interna, por lo que parece que no hay un combate real a los que el ejecutivo denomina especuladores cambiarios, sino la intención de obtener un ingreso constante y, además, en moneda dura”, apunta el economista.
Recuerda que el ejecutivo ha venido tomando medidas para evitar darle una mayor transabilidad formal a las divisas en circulación, mediante la prohibición de utilizar medios de pago de consumos locales en moneda extranjera y descartando la posibilidad de que estas operaciones se puedan compensar y liquidar en su signo monetario original, en la banca nacional.
En las mesas cambiarias, el precio promedio del dólar ha aumentado 76% en lo que va de mes, en buena medida porque el Banco Central de Venezuela (BCV) no cuenta con la capacidad de intervenir con mayor fuerza en el mercado, a través de la inyección de divisas. Al mismo tiempo, se ha acelerado la emisión de liquidez en bolívares, que ya supera los 338 billones de bolívares, equivalentes a 523 millones de dólares, según el más reciente corte del ente emisor, afirmo y director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.