Al menos 40 organizaciones de la sociedad civil venezolana, suscribieron un comunicado en rechazo a la criminalización de la difusión de información sobre el caso de los náufragos de Güiria.
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Parte del documento expresa que “Las organizaciones firmantes rechazan la intención del Estado de censurar y diluir su responsabilidad ante las sostenidas vulneraciones a los derechos humanos que empujan a la migración forzada de millones de personas en condiciones cada vez más precarias. En la tragedia de Güiria, el Estado utiliza como estrategia de silenciamiento reconocidos patrones de criminalización y estigmatización contra la prensa y organizaciones de derechos humanos. Estas prácticas van de la mano con la agudización de la emergencia humanitaria, que las autoridades insisten en negar aún con el impacto de la crisis sanitaria generada por la Covid-19”.
La misiva agrega que “El Estado está obligado a cesar su política de persecución y garantizar plenamente el trabajo de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos como actores clave en la reconstrucción democrática del país, así como a proteger activamente a su población mediante la garantía de los derechos económicos y sociales en condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente de sus grupos más desamparados”.
En este sentido, exigieron al régimen “cumplir con sus deberes de investigación sanción y protección de sobrevivientes y familiares por los hechos ocurridos, así como garantizar el trabajo periodístico y de las organizaciones de derechos humanos, tal como lo solicitan los relatores del sistema de Naciones Unidas en su más reciente comunicado”.
Con información de Espacio Público.