No es ese sin embargo el modelo cuya conformación parece estar en marcha. Lo que ocurre recuerda más bien lo sucedido en Rusia, cuando un profundo colapso económico y político dio al traste con la Cortina de Hierro, con el comunismo, con el Pacto de Varsovia y condujo finalmente a la desintegración de la URSS en 1992.
El comunismo había dejado de ser viable a pesar del Glasnost y la Perestroika de Gorbachov. No fue capaz ese sistema de competir con el capitalismo y cayó finalmente derrotado frente a las políticas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y la estatura moral de Juan Pablo II. Aquella potencia estaba sumida desde años atrás en una crisis profunda caracterizada por una brusca caída del nivel de vida, una devastadora inflación, una aguda escasez, una punzante degradación moral, una severa caída de los precios del petróleo y una fuerte contracción económica. En los años siguientes el PIB ruso se redujo a la mitad y los salarios cayeron en más de un 70%.
En aquellas circunstancias, el país abandonó el comunismo y bajo la batuta de Yeltsin se propicia una rápida privatización de las empresas del Estado. Pero fue la nomenklatura -quienes hasta ese momento eran los jerarcas del partido- quienes de la noche a la mañana se transformaron en millonarios. Surgió así un “capitalismo mafioso”.
Lo que ocurrió fue literalmente un saqueo de la empresas públicas en un país que carecía de instituciones económicas y judiciales para manejar la transición del comunismo soviético al capitalismo, permitiendo la creación de una oligarquía económica con una riqueza producto de la depredación por parte de los líderes políticos del régimen saliente, que además lograron mantenerse en puestos claves del Estado como la KGB.
De la KGB surgió Vladimir Putin, quien fue jefe de asuntos exteriores de aquella terrible policía, luego de su pasantía por Alemania Oriental, donde residía la escuela de espionaje más sofisticada del mundo comunista. Yeltsin escogió a Putin como su sucesor.
Tristemente aquel proceso se asemeja a lo que está ocurriendo en Venezuela. La reciente Ley Antibloqueo, ilegalmente aprobada por la Constituyente (que implica una profunda reforma de la Constitución no sometida a la aprobación del soberano), abre las puertas para que la nomenklatura gobernante pueda saquear las empresas del Estado, tal como ocurrió en Rusia, dejando en manos de una oligarquía depredadora los frutos de una privatización de esas empresas. Tal objetivo pretenden adelantarlo sin transparencia ninguna y sin ni siquiera licitaciones, sin rendir cuentas, bajo el régimen de “confidencialidad y divulgación limitada de información” que establece la referida ley.
Esa nueva oligarquía podrá vender en beneficio propio esas empresas a chinos, rusos, turcos, iraníes y quizá algunos árabes. Falta por ver quiénes serán los valientes “inversionistas” que tendrán las agallas de arriesgar sus capitales en un proceso signado por la inseguridad jurídica y por tanto corriendo el albur de perderlos ante lo que luce como un inevitable cambio político en el país.
En todo caso, las máscaras del socialismo o del comunismo ya cayeron. Aquí no existe ideología alguna ni mucho menos valores. Se trata de la instalación de un modelo incapaz de resolver los problemas del país, que de hecho pone a un lado las necesidades del pueblo y las conquistas de los trabajadores, pero que sin duda alguna luce adecuado para saturar de dinero sucio los bolsillos de quienes propician la instauración de este peculiar modelo de “capitalismo mafioso” que, parafraseando el Manifiesto de Marx, proclama: Mafiosos del mundo, uníos.
José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica
Este artículo se publicó originalmente en Analítica el 5 de enero de 2021