La Corte de La Haya tomó una decisión en días pasados. Aceptó ser competente y Venezuela, aunque no compareció por las razones que hayan sido, ahora deberá hacerlo para defender los intereses de la República. No hay otra salida y el régimen debe oír a los expertos, a la academia, a la sociedad civil, a las ONGs que conocen el tema y no a Cuba. Insisto en que es un problema de todos, es una cuestión de Estado, lo que exige consideración y consensos nacionales.
Debemos ir a esta segunda fase del proceso, para discutir si el Laudo de 1899 es válido como dicen los guyaneses o es nulo como decimos nosotros y que en realidad es si se considera la forma en que se adoptó entonces, a espalda de Venezuela sumergida en ese momento como hoy en una profunda crisis política y social que la presentaba aún más débil en el marco de la sociedad internacional.
La controversia, es decir, nuestra reclamación, debe ser resuelta por medios pacífico, bien por la vía judicial, ya iniciada o por negociaciones que las partes decidan sostener para resolver de manera pacífica y mutuamente satisfactoria, como se convino en Ginebra en 1966, al margen del proceso lo que como se ha dicho, es posible y nada extraño en la práctica del máximo tribunal internacional.
La reclamación del Esequibo es, como dije antes, una cuestión que nos interesa a todos como país. No es al gobierno de turno, ni a los partidos ni a ciertos grupos a los que exclusivamente ese tema puede interesar. No. El problema es de Estado y en consecuencia todos tenemos la responsabilidad de participar, de opinar, de exigir y como venezolano exijo hoy que se responda a la Corte, que se comparezca en el proceso, se elabore una posición jurídica adecuada y se tomen todas las medidas para defender nuestro territorio, siempre y única y exclusivamente, por la vía pacífica, pues algunos ya lo están utilizando como bandera para una confrontación y una eventual cohesión nacional al lado del sentimiento guerrerista, lo que no es ni posible ni aceptable, pues los venezolanos no acompañaremos ninguna acción distinta a la pacífica para resolver la controversia con Guyana.
El régimen de Maduro deberá organizarse y preparar la defensa y de manera transparente informar a los venezolanos sobre lo que se esté haciendo al respecto. Hay que llamar a las universidades, a los trabajadores, a todos los sectores del país, como lo hizo el gobierno democrático de Chile en su caso con Bolivia. Un consenso fue la base de su posición y así debe ser ahora, pues estamos apostando a nuestra integridad territorial, a nuestro futuro y al de las nuevas generaciones.
@CarmonaBorjas