Una niña de 13 años que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera voluntaria, un embarazo de 12 semanas y encendió el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, donde la Justicia encarceló a la mujer que la ayudó y dejó libre al agresor por falta de pruebas.
El caso ha despertado indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el abortivo y que estuvo tres meses tras las rejas, si bien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años de cárcel.
El tema es tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales, donde las reacciones más extremas no se hicieron esperar.
Pero si un embarazo en una niña de 13 años siempre arrastra unos inconvenientes inevitables por la inmadurez -tanto física como psicológica de la gestante-, en Venezuela, se agravan, a consecuencia de las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, que viven en la miseria y sin visos de mejora en un futuro cercano.
Si la menor hubiera pertenecido a una familia con posibilidades económicas, ¿hubiera ocurrido lo mismo? ¿Habría abortado de esta forma o se hubieran buscado otras opciones en manos de especialistas? Y, lo que no deja de ser igual de importante: ¿hubiese existido denuncia? ¿Se habría conocido la noticia o quedaría en la intimidad?
UNA NIÑA ABUSADA
La niña, cuya identidad permanece oculta, fue víctima de violación en reiteradas ocasiones por parte de un hombre de 52 años que vivía en la misma favela, ubicada en el estado andino de Mérida (oeste).
La menor quedó embarazada y no fue hasta los tres meses de gestación que consiguió una pastilla para interrumpir la gravidez. Allí entra en escena Rosales, una educadora a la que la niña y su madre conocían desde hace años, el tiempo que lleva dedicada al trabajo social en comunidades pobres de esa región.
La docente, por solicitud de la madre de la víctima, les entregó el abortivo y este fue ingerido, a principios de octubre, por la niña, que sufrió un sangrado propio del caso, por lo que terminó en un hospital público, en el que le practicaron un legrado.
La madre de la niña, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida y acusada de asistir un aborto, aunque fue excarcelada 22 días después.
Aún hospitalizada, la niña fue obligada a declarar. Contó que su profesora le había provisto el medicamento, un testimonio que sirvió para encarcelar a la activista durante 90 días pero no para mantener tras las rejas al agresor, quien fue detenido y puesto en libertad en menos de 48 horas, pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.
ABORTAR, PEOR QUE VIOLAR
Rosales es acusada por los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento, una de las causales que establece la legislación venezolana para castigar la interrupción del embarazo, un escenario prohibido hasta cuando hay inviabilidad del feto o la preñez es producto de una violación.
Las autoridades, según información difundida por medios locales, acusan a la activista de haber cobrado por el suministro de la pastilla y por supuestamente poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, una aseveración que la defensa niega y señala como “falsa”.
“Vanesa tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (…) ella nunca cobró por nada”, dice a Efe Venus Faddoul, abogada defensora de la docente, quien asegura que, según una revisión médica, el feto “estaba condenado a morir” pues la niña “no tenía el útero desarrollado”.
La interrupción del embarazo no se aplicó en el hospital el día que la menor fue sometida a un chequeo médico, explica la jurista, porque las leyes prohíben estos procedimientos y, aunque se realizan algunos de manera soterrada, la depauperación de los nosocomios públicos y la pandemia por covid-19 jugaban en contra de la niña.
Así, prosigue Faddoul, la víctima, que vive en pobreza extrema, fue revictimizada al negársele el derecho a la salud, al enfrentarse a los tabúes que hay contra el aborto en Venezuela y al quedar en medio de un sistema judicial que “desconoce la necesidad de la perspectiva de género” en estos casos.
UN CASO QUE ENCIENDE
Aunque Vanesa fue detenida el 12 de octubre de 2020, no fue hasta este enero que su caso resonó en lo más alto, con decenas de organizaciones de derechos humanos y personalidades, algunas ligadas al Gobierno, pidiendo su inmediata excarcelación.
“Este es el punto de quiebre para poner a juro (a la fuerza) el tema de la despenalización en Venezuela, porque nunca lo han dejado poner por más esfuerzos que ha hecho el movimiento feminista”, señala Faddoul, quien se dice convencida a “no bajar la guardia”.
La lucha, sostiene, busca lograr que el país despenalice, al menos, las tres causales humanitarias para la interrupción voluntaria del embarazo: por violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre, este último permitido en teoría pero sin protocolo establecido.
El debate sobre la despenalización quizá consiga una puerta por primera vez en el Parlamento o, al menos, así lo dijo el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, quien, con menos de dos semanas en el cargo, indicó que temas “complejos” como el aborto “seguramente” serán discutidos, aunque no agregó detalles al respecto.
Mientras tanto, Vanesa sigue en peligro de ser condenada por ayudar a una niña a la que vio nacer y crecer, la misma que hoy se siente culpable de haber puesto en esa posición a su profesora. Y el agresor se mantiene prófugo, aunque con una alerta roja de Interpol que fue emitida un mes después de haber sido excarcelado. EFE
