Este sábado 23 de enero de 2021, el sector agropecuario y agrícola del país presentó un documento denominado “Proclama del Campo Venezolano”, en el que aseguran que en el país no se están produciendo los alimentos que se necesitan, debido a las malas políticas económicas que se han generado en casi 22 años, y que “no tiene nada que ver con las sanciones ni bloqueos”.
En ese sentido, Gonzalo González coordinador del Frente en Defensa de los Productores Agropecuarios en Carabobo, en compañía de los diputados nacionales electos en el año 2015 por la entidad, manifestó que “el campo venezolano sufre hoy la peor crisis que se conozca en la historia republicana, como producto de la pésima gestión de la política agroalimentaria que ejecuta el régimen revolucionario”.
Esta crisis es causada por una política sectorial –dijo-, incoherente, inconsulta, retrógrada y contraria a los intereses nacionales.
A partir del año 1999, destacó González, se implementaron decenas de leyes y decretos que convirtieron en letra muerta el mandato constitucional de defender la producción nacional, así se comenzaron a dictar medidas contrarias a la libertad económica y al respeto a la propiedad. “Asumieron como Política de Estado, la destrucción del sector privado productor de alimentos para intentar sustituirlo por empresas de producción socialista. Como era de esperar, esta política fracasó, igual que ha sucedido en todos los países del mundo donde se ha estatizado la producción de alimentos. Este desacierto lo estamos sufriendo y pagando muy caro todos los venezolanos”.
Es una falacia –destacó el dirigente- pretender justificar la destrucción del sector productor de alimentos, con el argumento de las sanciones impuestas, por países preocupados por rescatar nuestra libertad, a personajes del régimen involucrados en la violación de derechos humanos, hechos de corrupción, terrorismo y narcotráfico, así como a empresas del régimen o vinculadas a éste, que se prestan para cometer los mismos delitos. Si analizamos las cifras de producción, la falsedad se cae por su propio peso, ya que a partir de 2008 la producción de casi todos los rubros agrícolas comienza a descender y en 2013 la producción prácticamente se paraliza.
De acuerdo a Gonzalo González y los diputados electos a la Asamblea Nacional en el año 2015, las consecuencias han sido nefastas: “la escasez de insumos, de maquinarias, de repuestos y su alto costo dolarizado, las dificultades y obstáculos para conseguir combustible, y el casi inexistente servicio de energía eléctrica. Aunado a estas calamidades, padecemos la inseguridad personal en el campo, el robo de ganado, invasiones y saqueos de las unidades de producción, con el agravante del desconocimiento de la propiedad de las tierras, de las bienhechurías y de las cosechas. Para completar este trágico cuadro, están otros infortunios que sufre el productor, como lo es el cobro ilegal de comisiones y de porcentajes sobre la cosecha que imponen arbitrariamente algunas gobernaciones y alcaldías oficialistas en todo el país”.
Este despojo –expresó- hunde las menguadas utilidades de los productores, así como el cobro de coimas en las alcabalas para permitir el libre tránsito y para la emisión de guías de movilización de propiedades y de cosecha. Estos factores terminan conformando un cuadro patético de inseguridad jurídica y personal, que raya en una actividad delincuencial, que nada tiene que ver con sanciones internacionales.
Asimismo, González aseveró que los gremios de productores son amenazados por advertir el desastre de la política agrícola, muchos productores han sido detenidos por reclamar legítimamente sus derechos y no dejarse chantajear ni pagar coimas, además otros han sido víctimas de las mafias organizadas que operan en el medio rural, “el derecho humano a la alimentación es letra muerta para el régimen”.
Por su parte, Tulio Pacheco, representante de los productores agropecuarios en Carabobo enfatizó el abandono al que está sometido el sector de la pesca y de la acuicultura: “por los problemas de escasez de sus medios de trabajo, de la piratería, de la carencia de infraestructura, de servicios y del modelo extractivista impuesto que obvia los preceptos de aprovechamiento responsable y ecosistémicos, esta situación ha generado una caída de la producción de 200 mil toneladas de captura y de producción a partir del año 2008”.
Del mismo modo, González dijo que la población pesquera y los acuicultores, tienen que lidiar con los frecuentes derrames y emanaciones de hidrocarburos ya frecuentes en el Lago de Maracaibo y en la zona marítima del occidente, debido a la negligencia manifiesta de Pdvsa.
Otro flagelo que está padeciendo el sector, -señaló- es la desaparición del crédito agrícola para los pequeños y medianos productores, debido al elevado encaje legal establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV). “La salvaje apertura comercial promueve una competencia desleal de los productos alimenticios manufacturados en detrimento de la producción nacional. La entrada al país de estos productos se está permitiendo sin mayor control sobre su origen, contenido y condiciones sanitarias, sin medir sus nefastos efectos sobre la salud y la nutrición de nuestra población, además del daño al desarrollo agrícola y agroindustrial de nuestro país”.
Por eso este 23 de Enero de 2021, cuando se conmemora el 63º aniversario del nacimiento de nuestra Democracia, actualmente golpeada y desconocida por Nicolás Maduro, nosotros productores del campo y nuestras familias, proclamamos una vez más nuestro legítimo derecho constitucional de trabajar y producir en paz. “Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a los gremios de la producción, a los gremios profesionales y a las organizaciones políticas para que nos unamos con un solo propósito, lograr la libertad de nuestra nación. Alertamos a los países democráticos del mundo de la grave crisis humanitaria que estamos padeciendo y los instamos a que hagan cumplir los tratados internacionales suscritos para defender la libertad, para restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, garantizar nuestro derecho al libre ejercicio de la libertad económica, el derecho al trabajo, a la alimentación y el sagrado derecho a la vida”, señalaron los diputados a la AN electos en el año 2015 y el Frente en Defensa de los Productores Agropecuarios en Carabobo.