“Los venezolanos deben tener la capacidad, la competencia y las herramientas necesarias para poder exigir mejor calidad de vida. Por ello tenemos que conformar una comunidad vigilante de los servicios públicos”, propuso la abogada especialista en participación ciudadana con doctorado en Gobierno y Administración Pública, Carlota Salazar Calderón.
Su planteamiento fue formulado en un taller organizacional del proyecto “Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos” (PROCO+SP), que llevan a cabo la Fundación Construyen País y el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), como parte de un plan mayor, cuyo objetivo es ampliar la participación ciudadana, y elevar el nivel organizativo de las comunidades, brindándoles asesoría o asistencia técnica, para abordar los problemas inherentes a los servicios públicos y procurar su prestación eficiente.
La organización ciudadana es fundamental para gestionar los servicios públicos y para Salazar, abogada de profesión, las comunidades deben conocer los aspectos jurídicos e institucionales de dichos servicios para participar y ejercer la contraloría social.
Estado ejerce el monopolio sobre los servicios
“¿Cómo hacemos para que la gente se organice y tenga la fortaleza para exigir servicios públicos eficientes y mejor calidad de vida? Empecemos por trabajar el concepto de servicios públicos, como la actividad prestacional que realiza el Estado en beneficio de todos los ciudadanos. Es un monopolio, que está en la Constitución y se desarrolla en las diferentes leyes, que tiene el Estado venezolano que ejecuta a través de sí mismo o ejecuta a través de terceros”, comentó.
Y como en definitiva es el Estado el que materializa los derechos constitucionales, le corresponde a él garantizar los servicios públicos y el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la justicia y el derecho a la educación.
En ese marco conceptual de servicios públicos como un derecho del ciudadano y una obligación del Estado prestarlos, nos encontramos con un marco constitucional de democracia participativa y protagónica que entró en vigencia a partir de 1999 con la Constitución que dejó sin efecto la democracia representativa.
Y ella se expresa a través de conceptos tan importantes como el de la descentralización que se ejecuta a través del Sistema Nacional de Planificación de Políticas Públicas consagrado en la propia Constitución, y que se materializa a través del Consejo Federal de Gobierno centralizado.
Descentralizar al ciudadano
La descentralización pasa a los estados a través de los Consejos Estadales de Políticas Públicas y llega a los municipios mediante los Consejo Locales de Políticas Públicas “y ese paso nos conduce a que en cada uno de esos espacios esté la comunidad organizada”.
Entonces para Salazar, la finalidad última es descentralizar al ciudadano, “pero al ciudadano no en tumulto sino al ciudadano organizado, con capacidad de expresión”.
Si bien el cambio de democracia representativa a participativa ha sido un cambio cualitativo en el actual ciudadano, la abogada lamentó que la polarización política ha satanizado el tema como de tal o cual tendencia. “Pero resulta que la participación ciudadana no tiene tendencia política. El que tiene tendencia política es el ciudadano que participa y el ciudadano tiene derecho a ser de cualquier tendencia”, aclaró.
Y el objetivo es que cuando el ciudadano participe se acerque a la gestión pública y exija sus derechos, de tal manera que los pueda canalizar efectivamente.
En torno a ¿cómo se logra que las comunidades ejecuten estas exigencias?, Salazar respondió que los Comités de Usuarios se han ido conformando en diversas partes del país, así como se han constituido los Consejos Comunales y las Comunas.
No politizar los mecanismos de expresión y organización
“Y todos estos mecanismos de expresión y de organización, democráticos y plurales no pueden ser satanizados. Yo no satanizo algún tipo de organización, el problema es que cada una de esas organizaciones tiene que incluir a la comunidad en general con su diversidad: hay gente de oposición, del chavismo, cristiana, evangélica, etc. Eso no impide la participación”, enfatizó.
A su parecer, el mayor daño que le ha hecho el gobierno a la sociedad venezolana es la utilización de estos mecanismos de organización para controlar la sociedad y utilizarla en favor de una parcialidad política.
De hecho aclaró que cuando la gente es incondicional hacia una parcialidad política limita su capacidad de acción en la exigencia “y lo que estamos buscando es la exigencia”.
No solamente son los Consejos Comunales, las Comunas o los Comités de Usuarios, sino también cualquier forma de expresión a través de la cual la comunidad logre materializar y canalizar sus demandas.
El éxito de estos mecanismos de participación es que sean realmente democráticas y plurales, en las cuales estén presentes todas las tendencias de esa comunidad.
“En esta iniciativa se fortalece la organización para que el ciudadano se acerque a la gestión pública, para que esté pendiente y vigile. Esto es de rango constitucional y está previsto en el artículo 62. Los medios de participación están en el artículo 70. Tenemos suficientes mecanismos políticos como el voto, el referéndum y las asambleas ciudadanas; y mecanismos sociales como los cabildos abiertos, y los convenios de cogestión y de autogestión, que nos permiten involucrarnos en la gestión pública y permiten a la ciudadanía expresarse válidamente. Hay trabajar para conformar una comunidad vigilante de los servicios públicos y de la calidad de vida”, concluyó la especialista.
Nota de prensa