El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió la liberación de la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y de otras personas detenidas por los militares, y expresó su preocupación por el estado de emergencia, pero no llegó a condenar el golpe de Estado de esta semana.
Mientras tanto, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está estudiando un decreto en respuesta al golpe que podría incluir algunas sanciones, según el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.
La larga y problemática transición de Myanmar hacia la democracia se vio truncada el lunes cuando el comandante del ejército Min Aung Hlaing tomó el poder, alegando irregularidades en unas elecciones celebradas el pasado mes de noviembre que el partido de Suu Kyi ganó de forma aplastante.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU dijeron en una declaración acordada por consenso el jueves que “subrayaban la necesidad de defender las instituciones y los procesos democráticos, abstenerse de la violencia y respetar plenamente los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho”.
Los términos de la declaración eran más suaves que los redactados originalmente por Gran Bretaña y no mencionaban un golpe de Estado, aparentemente para ganar el apoyo de China y Rusia, que tradicionalmente han protegido a Myanmar de una acción significativa del Consejo. Pekín tiene también intereses económicos en Myanmar.
Un portavoz de la misión china en la ONU dijo que Pekín esperaba que los mensajes clave de la declaración “fueran tenidos en cuenta por todas las partes y condujeran a un resultado positivo”.
Reuters no pudo contactar de inmediato al gobierno de Myanmar para que hiciera comentarios.
La premio nobel de la Paz Suu Kyi, de 75 años, no ha sido vista desde su detención. La policía ha presentado cargos contra ella por la importación y el uso ilegal de seis radios walkie-talkie encontrados en su casa y ha sido detenida hasta el 15 de febrero.
Unas 147 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, entre ellas activistas, legisladores y funcionarios del gobierno de Suu Kyi, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) de Myanmar.
Reuters