Adrián Zarricueta llegó a pasar 79 días en la cárcel, acusado de violar una joven. La víctima había declarado en su contra, pero estaba completamente segura de que fuera el culpable. Esa y otras negligencias en la investigación lo llevaron a permanecer en prisión por un delito que no cometió.
Por Infobae
Recién tres meses después, una prueba permitió que se revirtiera lo que para él ya era una larga pesadilla tras las rejas.
Y si bien la justicia determinó que el Estado chileno deberá indeminzarlo por los daños sufridos, Zarricueta dijo que para el momento de su liberación su vida ya se había derrumado por completo.
Todo comenzó en 2013, cuando un grupo de detectives llegó al barrio de La Serena, la ciudad costera ubicada a 472 kilómetros de Santiago, donde vivían los familiares de Zarricueta. Mostraban una imagen suya y decían que era el supuesto responsable de una violación. Ese fue el primero de una larga serie de errores. “Sabe qué, nosotros estamos buscando a un violador. Este es”, le dijeron los policías a sus familiares y vecinos de toda la vida.
El hecho por el cual era acusado tuvo lugar el 20 de enero de ese mismo año. Esa noche, una joven de iniciales D.P.V.C. abordó un taxi colectivo tras pasar una noche con sus amigas mientras se encontraba de vacaciones. Al subirse al asiento del copiloto, el chofer dejó su recorrido y se dirigió a un sitio abandonado. Según su testimonio ante la policía, allí el hombre la golpeó, amenazó y violó.
Horas más tarde, la víctima denunció el crimen ante la policía. Los datos eran escasos porque se encontraba en shock: no podía recordar completamente el rostro de su agresor. Sin embargo, con los pocos detalles físicos que brindó, la policía realizó un retrato hablado y luego se identificó a los conductores de la línea de taxi colectivo que ella había abordado. Y el rostro de Adrián apareció en la causa.
Zarricueta había trabajado 6 meses en esa línea de transportes manejando el taxi de su padre. La policía buscaba un vehículo con la bocina defectuosa -en base a la descripción de la joven- y el de su padre encajaba con esa descripción, aunque sí funcionaba. Posteriormente, con el retrato hablado como una de las escasas pruebas, la víctima reconoció a Adrián, quien inmediatamente se transformó en el único sospechoso.
Adrián, quien vivía en la ciudad de Copiapó, ubicada a 337 kilómetros al norte de La Serena, se enteró que la policía lo buscaba. Sin temor, se acercó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para preguntar cuál era la razón de las consultas. En el cuartel fue detenido y puesto a disposición de la justicia, y posteriormente trasladado a la cárcel.
Las pruebas que lo dejaron libre
Zarricueta debió enfrentar a la justicia a fines de julio de 2013. La fiscalía le relató la evidencia en su contra. “Lo que decía era como una fantasía, como una película”, dijo al respecto. Ante la incertidumbre, Zarricueta pidió que se hiciera un test de ADN. “Yo no era la persona que estaban buscando”, relató a medios locales.
Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI fue la encargada de la prueba, que se realizó cuando Zarricueta ya estaba en la cárcel. Los resultados llegaron el 7 de octubre, casi tres meses después de la orden inicial. El resultado era claro: no existía ningún rastro biológico que lo inculpara.
Él hombre siempre alegó su inocencia. Aseguraba que estaba lejos del lugar donde se perpetró el hecho, pero sin la prueba de ADN no podía defenderse. Su equipo jurídico indicó que en el proceso existieron otras fallas. Entre ellas: la persona que cometió el delito medía 1.70 metros de estatura y Adrián mide 15 centímetros menos. Además, cuando se realizó el reconocimiento del retrato hablado, la víctima y una de sus amigas que la dejó en el taxi estaban juntas frente al retrato y no separadas, como indica el protocolo.
Esclarecido este punto, la policía se volcó a buscar al verdadero culpable y tras un periodo de tiempo lo encontró. se trataba de un hombre de iniciales F.N.M. con antecedentes por violencia intrafamiliar y que condujo taxis en la época en la que se produjo la violación.
Justicia y reparación
El 2016, Zarricueta acudió al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública de Chile, entidad que busca que quienes estuvieron injustamente acusados por una causa encuentren un espacio público donde se les ayude a destacar su inocencia. Tras una serie de instancias, su caso llegó la Corte Suprema, que se pronunció al respecto el 27 de enero pasado y determinó que el fisco chileno debe pagarle una cifra cercana a los 40 millones de pesos chilenos (poco menos de USD 50.000).
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal de justicia estableció la responsabilidad del Estado por su acción deficiente y mientras duró la investigación y la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio. “Que el examen de los antecedentes fácticos antes reseñados permite concluir que el comportamiento del Ministerio Público puede ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario”, sostuvo el fallo final.