El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, reiteró este lunes su intención de “ordenar la casa” frente a la situación de crisis migratoria que viven desde hace unas semanas algunas localidades del norte del país, en la frontera con Bolivia.
“Queremos que Chile sea un país abierto con las personas que vienen de forma legal (…), pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, a los que entran sin cumplir nuestra leyes”, insistió el mandatario.
La pequeña localidad de Colchane, la más cercana a la frontera con Bolivia, e Iquique, la ciudad más próxima, han experimentado en las últimas semanas una ola de migración irregular que provocó que las autoridades locales exigieran una intervención “urgente” del Gobierno.
La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó un clima de tensión con desabastecimientos, enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes, además del colapso del sistema sanitario por la covid-19 que obligó a instalar campamentos para mantenerlos en cuarentena preventiva.
Entre las localidades de Colchane y Pisiga (Bolivia), un paso frecuente de migración irregular a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, fallecieron la pasada semana dos extranjeros de nacionalidades colombiana y venezolana a consecuencia de las extremas condiciones climatológicas.
Chile autorizó el pasado jueves el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en esta frontera, recordó Piñera, un territorio donde son habituales los “coyotes” o “pasadores” que cobran a los interesados por guiarles para cruzar de un país a otro.
“El objetivo de este decreto es otorgar a las Fuerzas Armadas el control de fronteras par evitar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”, agregó.
El mandatario enfatizó además la necesidad de aprobar un proyecto de ley de migración más estricta, que se presentó durante su primer mandato, en 2013, y que enfrenta ahora los últimos trámites para su entrada en vigor.
“No queremos a aquellos que vienen a no respetar nuestras leyes, a cometer delitos, y a no contribuir al desarrollo de nuestro país”, sentenció.
Mientras que para el oficialismo, esta nueva regulación sería la vía para enfrentar el fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras es la causa de que los migrantes crucen por pasos no habilitados.
La actual Ley Migratoria, una de las más antiguas de Latinoamérica, fue diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando Chile apenas recibía migrantes.
En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. EFE