Un grupo de familiares de niños y niñas reclutados por las FARC durante el conflicto armado presentaron este viernes un informe ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), como prueba de uno de los macro casos abiertos contra la guerrilla, y en el que buscan información sobre el paradero de sus seres queridos.
“La principal solicitud que le hacen estas personas, no solamente a la JEP sino al sistema integral en general, incluida la Unidad de Búsqueda, es que se pueda conocer información sobre el paradero de estos niños y niñas (que aún siguen desparecidos)”, explicó a Efe Juan Manuel Martínez, miembro de equipo jurídico de la Coalición contra la vinculación de niños y niñas al conflicto armado de Colombia (Coalico).
El informe entregado por esta coalición recoge con detalle el caso de nueve menores de siete departamentos del país, con testimonios de sus familias, personadas como víctimas ante la JEP en el caso 07, sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Ante este caso, abierto el 1 de marzo de 2019 por este juzgado especial surgido de los acuerdos de paz de 2016, ya se han registrado alrededor de 8.000 casos de esta práctica y atribuidos supuestamente a las FARC y a la fuerza pública.
“Básicamente lo que presenta el informe es la forma en que las familias vivieron los hechos de reclutamiento y utilización de sus seres queridos y en segundo lugar, la forma en que afrontaron diferentes circunstancias que sobrevivieron dichos hechos”, explicaron desde la Coalico.
Más allá de que aún desconocen el paradero de los nueve niños y niñas, las familias también enfrentaron estigmatización por parte de sus comunidades e incluso el Estado.
“Era común que después de que un niño fuera reclutado por la guerrilla de las FARC vinieran amenazas o circunstancias de retaliación por parte de los grupos armados contrarios paramilitares”, aseveró Martínez.
El reclutamiento forzoso de menores fue uno de los múltiples crímenes de guerra cometidos por las extintas FARC, pero también una práctica muy común entre grupos paramilitares e incluso “también el Ejército tuvo también una influencia importante en la comisión de estos hechos”, según indicaron desde Coalico.
En el caso 07, la JEP investiga “la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de las antiguas FARC-EP y la Fuerza Pública ya sea por su inclusión directa a las filas como combatientes o su utilización en actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal”.
Un total de 37 exmiembros de las FARC ya han sido vinculados al caso, y las familias confían en que sus testimonios durante sus comparecencias ayuden a dar con el paradero de quienes aún siguen desaparecidos.
La mayoría de estos reclutamientos registrados por la JEP fueron entre el año 2000 -cuando hubo un pico de 241 víctimas- y el 2014, y los delitos se cometieron en todo el país.
MÁS DE 300 NIÑOS RECLUTADOS TRAS LA PAZ
A pesar de que el acuerdo de paz ayudó a la disminución del reclutamiento de menores, se han seguido dando casos desde el 2016, con organizaciones alertando del peligro que la pandemia y el cierre de colegios suponía para estos sucesos.
“Algunos de los familiares que participaron en la producción y elaboración de este informe nos relataron cómo el año pasado grupos armados ilegales fueron nuevamente a las comunidades y se llevaron a los niños y a las niñas”, aseguró Martínez.
La Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas ha reconocido que entre 2018 y 2020 se presentaron 313 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos varones entre los 12 y los 17 años.
Aunque los casos han ido en disminución, según las cifras proporcionadas hoy por el Gobierno con motivo del Día Internacional de las Manos Rojas que conmemora la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en 2019 cayeron un 30 % respecto a 2018, y en 2020, un 53 % con respecto al año anterior.
EFE