El Gobierno de Argentina anunció este martes la creación de un nuevo sistema para la vacunación contra la covid-19 del personal estratégico de la Administración pública luego que estallara un escándalo por el presunto acceso privilegiado a las vacunas.
Los detalles del nuevo mecanismo fueron definidos en una reunión celebrada hoy entre la flamante ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, y los expertos que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).
Según se resolvió, se creará una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la vacunación del personal estratégico.
La comisión estará integrada por expertos en inmunización, bioética, salud y derechos.
Según informaron fuentes oficiales, también se resolvió especificar la definición técnica sobre los alcances de función, riesgo y exposición del personal estratégico del Estado.
A partir de ahora, los funcionarios públicos que quieran acceder a la vacuna deberán solicitar autorización previa al Ministerio de Salud.
ESCÁNDALO POR “VACUNACIÓN VIP”
Las autoridades argentinas tomaron esta decisión después de que el viernes estallara un escándalo por el presunto acceso a la vacunación por parte de personas allegadas al poder.
El caso, que le costó el puesto a Ginés González García como ministro de Salud del país, es investigado ya por la Justicia, donde se presentaron una decena de denuncias penales.
Este lunes, por instrucción de la nueva ministra, la cartera sanitaria hizo pública una lista de 70 personas que se vacunaron en el Hospital Posadas, un nosocomio público de la periferia oeste de Buenos Aires, a solicitud del Ministerio de Salud o bien en la propia sede de esa cartera, con la intervención de personal sanitario de ese hospital.
En la nómina figuran funcionarios públicos como el propio presidente argentino, Alberto Fernández, y algunos ministros, pero también otros de mucho menor rango y responsabilidad.
Además aparecen nombres de periodistas, empresarios y políticos que no cumplen funciones en la Administración pública.
Alberto Fernández, de visita en México, pidió este martes terminar con lo que consideró una “payasada”, en alusión al revuelo que el caso ha suscitado en la opinión pública.
“Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. (…) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’. No existe este delito y no se pueden construir delitos”, dijo el presidente argentino.
Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra el 40 % de la población argentina, aseguró que en su provincia tampoco funcionan “vacunatorios VIP” ni “privatizados”.
En rueda de prensa, Kicillof admitió sin embargo que, aunque se realizan controles, pueden darse casos de administración de vacunas a personas que aún no les correspondía de acuerdo a las etapas previstas en la campaña de vacunación.
“No tiene que ocurrir. Está muy mal. No lo hace ni lo fomenta la provincia de Buenos Aires, pero estamos vacunando masivamente”, señaló. EFE