Lo que ahora se cierne sobre Venezuela no es nuevo, al contrario, responde a una agenda bastante común. Se trata de la normalización de regímenes totalitarios que a la larga se terminan legitimando internacionalmente, a pesar de cometer crimenes de lesa humanidad. Dicha agenda no es política, porque no compite por el poder real ni busca la sustitución del régimen por una democracia que garantice la vigencia de los derechos humanos, sino que se conforma con simular una convivencia de élites justificada por la ficción de una transición que nunca germina, entre otras cosas porque nadie cede poder a motus propio. En el fondo es una agenda económica, ese es el único incentivo. Las dictaduras se potabilizan para que el mundo libre pueda hacer negocios con ellas sin ningún complejo de culpa, aprovechando las ventajas de invertir en un país sin Estado de Derecho y de la mano de su único dueño. Pero esto se disfraza con una fachada humanitaria, a través de un andamiaje de falsas premisas que describo a continuación.
En primer lugar se alega que la dictadura es una realidad inamovible que no tiene mejor alternativa y que responde a causas propias de cada país como si fuera algo natural, y que a lo único se puede aspirar es a la autoregeneración o dosificación. Esta forma de justificar la realidad que se pretende normalizar es, por decir lo menos, inmoral, toda vez que supone que la democracia y la libertad son un privilegio de algunas sociedades específicas, o sea, algo casi exclusivo del primer mundo. Esta falsa premisa con la que se suele condenar a toda Latinoamérica, olvida que la democracia no es consecuencia sino causa del desarrollo, y que los derechos humanos son universales. Para reforzar dicho argumento se suele recurrir a otro como el de la “división de la oposición”, el cual es bastante cínico porque toda tiranía puede (y lo hace) dividir a su disidencia con persecución y sobornos, creando en el mejor de los casos una falsa oposición a su medida que nunca competiría por el poder real. Igualmente la agenda de normalización crea un marco referencial basado en el “conflicto entre dos partes” y el “diálogo”, equiparando a las victimas con sus victimarios e invisibilizando la opresión del régimen tiránico a su pueblo.
Todo lo anterior abona la supuesta tesis de que la apertura económica de esos regímenes totalitarios se traduce en bienestar para la población y eventualmente en su libertad. Una patraña que ha sido desmentida reiteradamente por la historia, desde el viraje chino de hace cuatro décadas hasta la actual transición cubana. En ambos casos como en tantos otros, la libertad nunca llega, los éxodos no paran y los derechos humanos siguen sin existir.
El único cambio es que las injusticias dejan de importar mientras se enriquecen unos pocos, porque al final la normalización no es más que eso, complicidad. Es curioso como el progresismo mundial que es tan implacable luchando contra la normalización del machismo, el racismo y la discriminación, se siga sintiendo tan cómodo con la normalización de tiranías que violan sistemáticamente derechos humanos a poblaciones enteras. Al igual que aquellos que justifican una violacion según el tamaño de la falda que vestía la victima, hay todavía quienes se atreven a matizar realidades tan dramáticas como la venezolana negando incluso la condición de victima de los mártires que luchan por la libertad.
En el caso de Venezuela la normalización de Nicolás Maduro no dejará de saldo siquiera un “Varadero”, y en cambio multiplicará el éxodo, la pobreza y la opresión. Su salida es indispensable para reconstruir la democracia y volver a acoger no solo a millones de venezolanos desplazados, sino seguramente también como antes, a miles de emigrantes de otros países.
Este artículo se publicó originalmente en La Razón (España) el 24 de febrero de 2021