Mientras Xi Jinping acelera la glaciación de las libertades en Hong Kong y su política exterior se vuelve cada vez más nacionalista, mantiene intacta su agresiva estrategia económica en América Latina. Sobre todo en aquellos países con cuentas frágiles y poco desarrollo en infraestructura. Sobre todo desde 2010 -cuando se incrementó esta estrategia- Beijing otorgó créditos por decenas de miles de millones de dólares. Apenas ese año el desembolso fue tan tentador como abrumador para los gobernantes latinos: 35 mil millones de la moneda verde. Esa catarata de “inversiones” se vio interrumpida el pasado año, producto de la pandemia originada en la misma China.
Durante ese lapso, el régimen se mostró cercano, casi fraternal con la región. Tendió la mano cada vez que un gobierno se hallaba en apuros y necesitaba aportes frescos a sus arcas. Los casos más frecuentes eran los de Venezuela y Argentina, que hasta cuentan con moneda china en sus bancos centrales que ruegan para que se renueve cada vencimiento. En ese tiempo, otro de los hombres bien cercanos a Xi -y su seductora bolsa de dinero- fue el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa quien concedió de forma directa un monumental proyecto energético a una corporación china para que construyera la más grande hidroeléctrica del país: Coca Codo Sinclair. Fue emplazada en el Río Coca, en la provincia de Napo, a 150 kilómetros de Quito. El sueño de esa represa tenía años y ya había sido descartado por otras administraciones ecuatorianas. Pero el representante del Socialismo del Siglo XXI formado en los Estados Unidos creyó que era tiempo de concretarlo.
El nombre de Coca Codo Sinclair se convirtió en sinónimo de corrupción, negociados turbios, ineficiencia, materiales de baja calidad y crisis ambiental en Ecuador. En total -y más allá de la central-, el país sudamericano suma una deuda calculada en 18 mil millones de dólares con la nación asiática. El plan anunciado por el ex presidente y los representantes chinos era ambicioso: colmaría la demanda de un 30 por ciento de la electricidad del país durante medio siglo. Prometían además otro punto clave para seducir a quienes alertaban sobre las consecuencias poco amigables con la naturaleza: los 1.500 megavatios de energía serían “limpios y renovables”.
Finalmente, en junio de 2010 comenzaron las obras cuya licitación había “ganado” la empresa Sinohydro Corporation… gracias al dedo de Correa. Nunca hubo un concurso internacional para asignarla, sino una simple instrucción bajada desde el Palacio de Carondelet. Las irregularidades ya figuraban en la génesis del ideario de Coca Codo Sinclair. Parte del dinero para su construcción fue aportado por el gobierno de Correa, aunque la mayoría provino de los generosos intereses de un banco… chino: el Export-Import Bank of China. Ambas compañías asiáticas -la constructora y la entidad financiera- son estatales y responden al poder central del régimen. Beijing era al mismo tiempo acreedor y constructor de la mayor represa de Ecuador cuya deuda inicial de 1.600 millones de dólares comenzaría a engrosarse con los años.
Más de un lustro después, el 18 de noviembre de 2016, Xi atravesó el Océano Pacífico para ver cómo se pondría en funcionamiento la hidroeléctrica. Allí lo recibió el presidente ecuatoriano, contento por tener al jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en su tierra. Lo sentía como un desafío a los Estados Unidos, al imperio. En el momento de la puesta en marcha, el mandatario chino habrá sonreído internamente pensado el gran negocio que había concretado y lo mucho que le demandaría a la nación latinoamericana pagar su deuda. Hoy, a más de cuatro años de iniciada su marcha, opera a la mitad de su capacidad. Está en manos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y ya no hay ejecutivos chinos en su directorio o gerencias.
Jeannine Cruz Vaca, miembro de la Asamblea Nacional por la provincia de Loja y una de las referentes dentro del partido Movimiento CREO, recordó el informe de la Contraloría y el deslizamiento y desvío de curso registrado en la cascada de San Rafael -la más alta de Ecuador– son avisos de lo que la represa está generando en la zona. “El tan cacareado cambio de la matriz productiva anunciado por Rafael Correa y Jorge Glas se fue por el caño”, se indigna Cruz Vaca en diálogo con Infobae. “La Contraloría desde el 2018 ha señalado varios hallazgos que demuestran daños estructurales, lo ocurrido en estos días con el deslizamiento que ocurrió en la cascada San Rafael es un ejemplo de los efectos que esta mega obra ha producido en la región y el país”.
“La Contraloría General del Estado, en un informe borrador de más de 165 páginas, leído el 14 de noviembre del 2018, encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción y deja en evidencia el riesgo de la infraestructura que costó 3 mil 200 millones de dólares”, concluye la legisladora nacional durante un alto en una sesión del palacio.
El informe final de la Contraloría General del Estado (CGE) al que hace referencia Cruz Vaca fue contundente. Demostró que Sinohydro Corp. no cumplió con el contrato y que como consecuencia de ello se produjeron “fisuras en los distribuidores de las unidades de la central”. “El material base empleado para fabricar los distribuidores corresponde a una placa GB Q500D que no se encuentra listada”, advierte entre otras cosas el documento de 253 al que accedió Infobae. Ni siquiera cumplían con lo que los mismos constructores habían proyectado. En total fueron 7.648 las fisuras.
La lista de irregularidades encontrada por las autoridades de la CGE continúa: los peritos hallaron excesivo desgaste en rodetes de las turbinas, retrasos en el contrato, defectos no solucionados, falta de cumplimiento del contrato, deficiencias en el funcionamiento, operación y pruebas de eficiencia del sistema, personal de operación y mantenimiento poco capacitado, impacto ambiental por todas partes. Otra inspección hecha en 2018 y revelada por la cadena BBC, indicó que se debía “reparar cuidadosamente las microfisuras encontradas, controlar los parámetros de soldadura de reparación y volver a examinar las áreas reparadas para asegurar que dicho procedimiento haya sido exitoso”.
La historia de la infraestructura de dudosa calidad Made in China en América Latina reúne varios factores en común con lo sucedido en Ecuador: sus licitaciones son gestionadas por las embajadas del régimen en cada país, siempre tienen como actores protagónicos a empresas estatales, son financiadas por Beijing, están salpicadas de corrupción en todos los niveles, dejan una estela impagable en deuda y no cumplen con los contratos firmados.
China se filtró lentamente en la economía latinoamericana y más específicamente en la ecuatoriana. Vio tierra fértil en mandatarios libres de prejuicios metálicos. Primero se incorporó como prestamista, más tarde como inversionista y desde hace un tiempo como el constructor estelar de las grandes obras públicas. Ahora, tiene que cobrar la escandalosa deuda total de 18 mil millones de dólares que mantiene Quito con Beijing. Lo hará en barriles de petróleo. Los recursos naturales son la eterna obsesión del régimen en una región donde casi 70 millones de personas viven en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Dos de los grandes protagonistas e impulsores del nacimiento de la controvertida represa conversan seguido con abogados. Uno es el ex presidente Correa quien fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción. El hombre con estudios en Estados Unidos vive actualmente en Bélgica -desde 2017, ni bien dejó el poder- y no regresa al país por temor a ser detenido. El otro, su vicepresidente Glas, e impulsor incensante de Coca Codo Sinclair, sí está preso. Fue encarcelado por desviar fondos públicos en su favor. Robar. Ambos aprovecharon su momento en 2016 para tomarse fotografías con Xi. Si bien la central no está en la causa que los llevó a ser condenados, las anomalías en su contratación podrían devenir en un nuevo capítulo judicial de Ecuador.
Pese a existir desde hacía años, ninguna de las advertencias pudo frenar la necesidad imperiosa del gobierno de Correa de mostrarse cercano a Xi y terminar debiéndole favores de por vida. No él, sino el pueblo ecuatoriano, desde luego. La construcción de la presa hecha por Sinohydro Corp. fue dada de manera directa sin que medie una licitación internacional. De acuerdo a un artículo publicado por el diario The New York Times en diciembre de 2018, el ex contralor de la nación, Carlos Pólit, fue grabado hablando de “coimas chinas”. Fue condenado por corrupción, como la mayoría de quienes participaron de la megaobra pero no está preso. Vive en Miami.
Sobre el capítulo ambiental donde hasta una cascada icónica del país fue modificada, poblaciones enteras quedaron sin acceso a su más básico sistema de alimentación: la pesca. Es que el caudal del río Coca se violentó por la obra y la fauna marina ya no es la que era. La comunidad de Playas del Río Tigre, en la cordillera de Lumbaqui, es la que más lo sufre. El drama es padecido desde 2017, cuando en declaraciones a la revista especializada Mongabay, Carlos Andi -descendiente del pueblo Kichwa– denunció: “Antes este río era bien bravo. Pescados había bastante, guañas, cacería, todo había”. Ya no.
Infobae consultó a una de las investigadoras más reconocidas de Ecuador, la doctora Carolina Bernal Carrera. Profesora del Departamento de Geología en la Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional conoce como pocos en Ecuador los impactos que tienen sobre el ecosistema este tipo de centrales. “Es una tecnología que tiene muchos bemoles y que en otros países está siendo cuestionada por sus afectaciones al ambiente. El estado debió y debe inclinarse por otras opciones como la Geotermia y sobre todo diversificar su matriz energética evitando caer en la dependencia de un solo tipo de fuente”, explicó.
“Esta obra produjo una alteración en la función hidráulica del Río y por tanto afectó sus otras funciones: geomorfología, condiciones físicoquímicas del agua y biodiversidad”, subrayó Bernal Carrera. La rotura del oleoducto el 7 de abril de 2020 empeoró las cosas: “Esto afectó directamente el acceso al agua de las personas que viven en esa zona y les dejo sin tener acceso a la pesca. Considerando que este proceso erosivo está en evolución y que durará un tiempo no determinado en estabilizarse, el gobierno debe tomar las previsiones necesarias enmarcadas en una estrategia de gestión para la reducción de riesgos a fin de proteger a las comunidades y las obras de infraestructura”. Para Bernal Carrera en el daño ambiente producido fue clave “la falta de estudios hidrosedimentológicos y de riesgo” que pasó por alto el consorcio chino que tampoco tomó en serio los planteos que ya se hacían sobre una hidroeléctrica en el lugar en 1990.
Pero incluso si las reparaciones fueran atendidas y el caudal del río recompuesto junto a sus sedimentos y los peces volvieran a nadar como antaño y las turbinas suministraran los 1500 megavatios prometidos, las entrañas de la naturaleza serán imposibles de frenar hasta por el régimen chino… que abandonó el lugar tiempo atrás. Es que esa zona ya había sido descartada en los años 80 por temor a que un volcán, El Reventador -que se sabe que está en erupción desde el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles recorrieron el área por primera vez- vuelva a enfurecerse. Esta vez, la conquista imperial proviene de mucho más lejos. Pero El Reventador sigue encendido y atento.