El ex presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu quedó en libertad provisional este martes dentro de una investigación por el caso conocido como el BarçaGate, una sacudida para el club azulgrana a cinco días de la elección de su nuevo dirigente.
Tras haber pasado la noche en una comisaría, el ex dirigente y su mano derecha, Jaume Masferrer, “han pasado a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar y la magistrada ha acordado la libertad provisional”, señaló el comunicado del juzgado en la capital catalana.
Los Mossos d’Esquadra consideran que el el perjuicio causado al Barcelona por sus ex directivos como “producto directo de extralimitarse en sus facultades de administración” en el llamado oscila entre un mínimo de 843.300 y un máximo de 1,2 millones de euros (USD 1,45 millones). Así lo sostiene la Policía catalana en un informe, al que ha tenido acceso, incluido en el sumario del caso, por el que ayer fueron detenidos Bartomeu y su mano derecha, además del director general del club, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti.
Según los Mossos, en la investigación llevada a cabo “se ha podido vincular a empresas contratadas por el FC Barcelona con la creación y alimentación de diferentes perfiles en redes sociales que difamaban a personas críticas con la junta directiva encabezada por Bartomeu”, por lo que se habría pagado un “sobreprecio”.
”El perjuicio causado al Fútbol Club Barcelona y al conjunto de su masa social, producto directo de extralimitarse en sus facultades de administración, se puede cuantificar hasta el momento, y en base a los baremos estimados por PWC, en una cantidad de mínimo 843.300 y un máximo de 1,2 millones”.
No obstante, añaden los Mossos, el conjunto total de dinero abonado en el transcurso de las tres temporadas al grupo Nicestream “por un servicio de monitorización y en paralelo por un uso presuntamente particular en redes sociales asciende a 2,3 millones (USD 2,78millones)”. El importe total comprometido en contrato, supera según los documentos los 3 millones de euros (USD 3,6 millones), una parte del cual está pendiente de pago ya que el club, a raíz de la publicación del caso por la prensa, dio por resuelto unilateralmente el contrato a media temporada.
Para los Mossos d’Esquadra, existe “un último perjuicio” para el Barça que “proviene directamente de la gestión desleal y sus efectos”. Se trata, añade el atestado, de la querella criminal por injurias y calumnias que el pasado mes de febrero presentó el dueño de la productora Mediapro, Jaume Roures, contra el FC Barcelona. La misma se encuentra en fase inicial pero en un futuro “podría comportar nuevamente el pago de una indemnización por parte del FCB Barcelona por unos hechos que son consecuencia directa de la contratación de servicios que conforman” el caso.
Para la policía catalana, los hechos investigados “pueden tener cabida en la llamada corrupción en los negocios, en función de las diferentes contraprestaciones o posible beneficio de cualquier tipo que hubieran podido percibir los directivos, administradores, trabajadores o colaboradores” del Barça “a cambio de adjudicar ese contrato al margen de los procedimientos establecidos”.
Por ese motivo, los Mossos deducen que se habría utilizado dinero del club con finalidades presuntamente particulares (en beneficio personal), en clave particular, con contenidos difamatorios sobre personas contrarias a la dirección del club y en perjuicio del patrimonio de la propia entidad.
Con información de EFE