Las organizaciones de derechos humanos advierten que otras 470 personas están en peligro.
Por rt.com
Un grupo de 168 personas del pueblo indígena colombiano emberá eyabida, perteneciente al resguardo río Murindó y Chageradó, en el departamento de Antioquia, tuvieron que abandonar su comunidad ante la “amenazas” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En un comunicado de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) se alerta sobre el desplazamiento de 48 familias, que se inició el pasado martes, desde la comunidad indígena de Turriquitado Alto hasta la de Turriquitado Bajo, en el municipio antioqueño de Murindó, y el riesgo en el que se encuentran otras 470 personas.
En varios videos publicados en las redes sociales por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se observa a varias mujeres y hombres, junto a sus hijos, cargar por una zona boscosa sus enseres y animales de corral, como pollos y gallinas.
— INDEPAZ (@Indepaz) March 4, 2021
Entre el grupo de desplazados, se encuentran mujeres embarazadas, niños y jóvenes que, según la OIA, “permanecen hacinados en medio de una guerra ajena y una pandemia”. Se reporta, además, que no tienen alimentos ni agua potable en el albergue temporal.
Riesgo de más desplazamientos
Esta organización advierte que también están en riesgo de desplazamiento comunidades indígenas de Garrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas), que podrían estar en peligro debido a que deben movilizarse “por campos minados instalados por el ELN en enero”.
Desde 2019, denuncia la OIA, ha habido “violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados al margen de la ley que delinquen en la zona” por el territorio en disputa que dejaron libre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras la firma del Acuerdo de paz.
El desplazamiento forzado en Colombia, producto del conflicto armado entre grupos irregulares, organizaciones criminales y el Ejército, ha causado un acumulado de casi ocho millones de personas de 1985 a 2019, según el Registro Único de Víctimas (RUV), que es elaborado por el Gobierno de ese país.
