Este miércoles 10 de marzo, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que el régimen de Maduro bajo el concepto de “enemigo interno”, persigue a defensores de los derechos humanos, trabajadores de la salud y disidentes políticos.
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La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en la actualización de su informe, destacó que “el concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”, expresó.
La experta denunció que el chavismo “ha endurecido los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONG. Las autoridades han detenido a trabajadores de ONG por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONG y la distribución de tarjetas de prepago”.
“Por ejemplo, en noviembre se emitió una orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas. Además, en enero, oficiales militares y de inteligencia del Estado detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo. Aunque la Misión de Determinación de los Hechos reconoce su liberación el 10 de febrero, seguimos preocupados por el trato que recibieron durante su detención y por los cargos que se les imputaron”, fue parte de lo expresado por la Misión.
Destacan también, que funcionarios públicos al servicio de Maduro “alimentan” el hostigamiento de las ONGs, “mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros”.
“También destacamos nuestra preocupación por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias”, culminaron.