Agustin Marcarian / Reuters
“Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter luego de que se conociera la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez.
Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, dejó el poder y el país tras un intento fallido de hacerse reelegir en elecciones consideradas fraudulentas por la OEA. A meses de haber regresado, luego del triunfo de su candidato, Luis Arce, en los comicios de octubre del año pasado, se mostró satisfecho con el arresto de quien lo sucedió en el cargo tras su tumultuosa renuncia.
“Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado”, escribió, antes de pedir más sanciones para quienes tomaron las riendas de Bolivia durante la transición entre finales de 2019 y 2020.
Áñez fue conducida esta mañana a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para luego se trasladada en una camioneta de la policía hacia la Fiscalía de La Paz para dar su declaración informativa como parte del proceso por las investigaciones del supuesto “golpe de Estado” en 2019 contra Morales.
En el momento del traslado la mandataria calificó su aprehensión como un “atropello absoluto” e indicó a los medios que se trata de un “amedrentamiento político” y que detrás de todo este proceso está el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Arce y Morales.
Áñez sostuvo que acudirá a instancias internacionales ya que no se respeta su “estatus de ex presidenta” y enfatizó que ella siguió una “sucesión constitucional”. En tanto, los ex ministros interinos de su gobierno, Álvaro Coímbra (Justicia) y Álvaro Guzmán (Energía), continúan en las dependencias de la Felcc.
La detención de Áñez esta madrugada desató una ola de repudios en Bolivia por parte de la oposición al gobierno. Ex presidentes e importantes dirigentes denuncian el inicio de una campaña de persecución que pone en riesgo el orden constitucional en el país.