Las precarias condiciones de los servicios públicos en Venezuela, denunciadas por cientos de organizaciones de la sociedad civil y vecinos cada día, violan los derechos de millones de personas. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, las constantes fallas de este suministro en el país afectan la salud, educación, economía e integridad del entorno natural.
Estudios del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), evidencian que en 2021 el 92% de la población recibe el agua de forma intermitente; es decir, que no hay flujo continuo por las tuberías.
En medio de la pandemia por el coronavirus, una de las principales recomendaciones es el lavado constante de las manos, pero las interrupciones no permiten cumplir con esta mínima norma de bioseguridad.
A pesar de que Venezuela se posiciona como uno de los diez países megadiversos de la Tierra, constituye un territorio de relevancia de cara a la Agenda 2030. Sin embargo, la minería ilegal, los múltiples derrames petroleros, la tala indiscriminada y la contaminación de los últimos 20 años, han convertido al país en un campo de ecocidio, según alerta un artículo que presenta seis datos sobre la situación del agua y los bosques en el país, publicado por el portal El Ucabista.
“El río Caroní (considerado el segundo más importante de Venezuela) presenta 70% de alteración como producto de remoción de los suelos a causa de la explotación minera. Esta realidad compromete el ciclo hidrológico e imposibilita el correcto funcionamiento de la cuenca Caroní-Paragua, que da vida a las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua I, II y III y Caruachi, y de la que depende 60% del abastecimiento eléctrico del país, según SOS Orinoco”, expone el trabajo de la UCAB.
Todo lo anterior encuentra explicación en la situación de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y que impide a los ciudadanos el derecho al agua, según reseña en su Reporte Nacional HumVenezuela, plataforma independiente creada por la sociedad civil para monitorear, documentar y hacer seguimiento a la emergencia humanitaria compleja (EHC) que se vive el país desde 2016.
El documento de HumVenezuela resume en 12 puntos las causas de los daños y las pérdidas sufridas por los ecosistemas que son fuente los recursos y los sistemas de agua potable y saneamiento, consecuencia de años del desmantelamiento de la estructura institucional que compromete todo el proceso de captación, tratamiento y distribución de agua potable del país.
En el estado Bolívar, el pasado 13 de marzo una nueva falla en la planta de tratamiento de Hidrobolívar empeoró el ya precario servicio de agua potable en Puerto Ordaz. La hidrológica anunció que realizaría maniobras que le permitirían surtir agua durante el tiempo de ejecución de los trabajos de reparación, anuncio que acompañó con un cronograma de racionamiento. A la fecha la empresa estadal de agua ha incumplido con ambas medidas.